El Gobierno da un vuelco a la atención a la dependencia en requisitos y financiación

Un cambio encaminado hacia el denominado 'modelo Housing' (con cuidados profesionales de calidad en instalaciones que parezcan y funcionen como una casa) que se apoya en dos pilares clave: un refuerzo de las plantillas, que desde los recortes de 2012 arrastran una reconocida sobrecarga -lo que ha disparado también la tasa de absentismo laboral-, y una inyección millonaria, destinada principalmente a financiar ese incremento de personal, que supondrá repartir entre los centros siete millones de euros más al año por las plazas concertadas.

La puesta en marcha de esta «gran transformación» del modelo actual viene de la mano de la normativa que se aprueba hoy, que incluye las órdenes en las que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, así como los criterios y el procedimiento de acreditación, con las nuevas ratios de trabajadores que se exigen; y el decreto que actualiza los precios públicos por plaza concertada, que conllevará un 10,54% más de inversión pública (de ahí los siete millones de euros anuales), a sumar al 3,4% aprobado en julio. Así, en residencias de mayores el precio por plaza pasará de 42,02 euros/día a 47 en el caso de dependientes de grado I ; de 48,33 a 54,25 en el II y de 54,63 a 61 en el III (grandes dependientes).

El Gobierno cántabro considera que la nueva regulación alcanza los objetivos pretendidos, basados en la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias, de las condiciones laborales de los trabajadores y de la financiación del sector para garantizar su sostenibilidad futura. Sin embargo, cabe recordar que aunque a finales de 2017 la Administración negoció un acuerdo con las empresas proveedoras de servicios a personas mayores, englobadas en las entidades FED, PAD y Lares, el diálogo se rompió y la implantación del nuevo sistema llega sin el respaldo del sector, que ya anunció incluso su intención de impugnar la normativa.

La hoja de ruta para la implantación de este nuevo modelo, que concibe a la persona como protagonista de su proyecto de vida (mandan sus deseos, elecciones y decisiones) tiene por delante tres años de desarrollo. Los centros de día y residencias deberán adaptarse a los principios de este enfoque de atención personalizada, de tal forma que se organicen en función de las necesidades y deseos de los usuarios en vez de ser las personas quienes se adapten a su cronograma y planificación. Como ejemplo, podrán decidir a qué hora se acuestan o se levantan, cuándo comer y elegir sus opciones de ocio. Para ello, se contempla que tengan un profesional de referencia que garantice la ejecución de su proyecto de vida.

Pero además este cambio de paradigma conlleva una mayor implicación de las familias, fuente de apoyo para conseguir mejorar la calidad de vida de la persona dependiente.

A esta adaptación tendrán que sumarse los profesionales, que pasarán de su modelo centrado en la valoración y resultados de cada área a otro que impulsa conocer realmente a la persona y acoplar los apoyos a sus necesidades y expectativas. Esto, a su vez, conllevará adaptar los programas y servicios a la evolución de la persona. Asimismo, el nuevo sistema se acompañará del acondicionamiento de las instalaciones de las residencias, puesto que otra de las premisas de esta filosofía de atención a la dependencia es ofrecer ambientes hogareños, cercanos y adaptados a los gustos de los usuarios, que podrán participar en la decoración e incluso llevarse sus propios muebles.

Pero además la nueva normativa introduce modificaciones a nivel constructivo, que afectarán a los centros de nueva creación, que van desde la ampliación de las ventanas, para facilitar la visibilidad en posición sentada, y de los pasillos (se eleva el ancho de 1,20 a 1,50 metros), a la existencia de un comedor para cada 25 usuarios, con la posibilidad de incorporar un office equipado y con el menaje necesario para cocinar; salas de estar más pequeñas y con ambientes diferenciados, así como habitaciones más amplias (de 8 metros cuadrados se pasa a 10) y un 66% del total deberán ser individuales. De otro lado, incorporarán internet gratuito para sus usuarios, una mejora que se introducirá también en las residencias que ya están en funcionamiento, donde los requisitos materiales se limitan a la personalización de los dormitorios y la decoración hogareña.

Para la elaboración de la orden de precios se ha actualizado el estudio de costes de 2012, de tal forma que en esa cuantía se incluye no sólo la financiación del personal extra que habrá que contratar para cumplir con las ratios, sino la adecuación de las tablas salariales vigentes en el sector -con el reconocimiento en el ámbito de la discapacidad de su propio convenio- y la compensación a las empresas de la dependencia por los costes derivados del absentismo y de la antigüedad de sus plantillas. La Administración destaca que esta última cuantía se multiplica por ocho para contribuir a potenciar la estabilidad del personal de atención a la dependencia en los centros concertados. Asimismo, apunta que aunque el nuevo modelo conlleva un desembolso mayor para el sistema, «el beneficio de las empresas del sector se mantiene para que no les suponga merma ninguna».