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Ante las duras críticas que recibió tras el fiasco del concierto de Enrique Iglesias, el Gobierno regional ha decidido curarse en salud y buscar una nueva fórmula para adjudicar el acto de clausura del Año Jubilar Lebaniego. El bipartito ha decidido sacar a ... concurso público el vento de cierre y publicará el anuncio dentro de unos días en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). La sociedad pública que gestiona esta conmemoración, dirigida por Manuel Bahíllo, ya tiene preparado el pliego de condiciones que está en manos de los servicios jurídicos.
La Sociedad Año Jubilar, dependiente de la Consejería de Turismo, ha decidido dar una vuelta de tuerca al 'acto estrella', que previsiblemente se celebrará el tercer fin de semana de mayo en la explanada de Santo Toribio, y dejarlo en manos del sector privado. El Gobierno apoyará a la empresa seleccionada con 50.000 euros, pero el resto deberá ser asumido íntegramente por los ganadores del concurso. Un jurado seleccionará la mejor oferta, en la que además del artista o espectáculo seleccionados, se valorará la aportación de patrocinadores privados, el impacto publicitario y la calidad del cartel.
Bahíllo pone el énfasis en que con este concurso la elección de la clausura del Año Jubilar, uno de lo más acontecimientos más esperados por el público, se hará de forma más «clara, limpia y buscará la mayor diversidad posible». Asimismo, recalca que algunas empresas ya se han interesado por ese espectáculo al conocerse en el sector la posibilidad de que se licitase y no lo asumiese directamente el Gobierno.
Aunque hace meses la Sociedad Año Jubilar trató de cerrar una fecha con el cantante Sting para protagonizar el concierto de clausura junto al monasterio de Santo Toribio -el mismo escenario en el que Jean Michel Jarre abrió los actos con un gran espectáculo- las negociaciones no llegaron a buen puerto por problemas de agenda del artista. Según calculan desde el bipartito, el caché mínimo del artista que cierre el Año Jubilar o la actuación será de 350.000 euros. A partir de esa cifra, explica Bahíllo, todo depende del tirón, los patrocinadores y la taquilla.
En la decisión del Gobierno de elegir el acto final por concurso público tiene mucho que ver el vendaval político que supuso la actuación de Enrique Iglesias el pasado verano. Por tuitear minutos después de su concierto en El Sardinero un mensaje de apenas 50 caracteres, un «#gracias por una noche magica #santander#españa !!!!!!!!» y un vídeo, sin mayúsculas ni tildes, el artista cobró 14.375 euros. Fueron 115.000 euros en total (95.000 euros más IVA) por ocho menciones en sus redes sociales lo que el Gobierno pagó al cantante por unos mensajes en redes sociales -el contrato también incluía cuarenta post en Sony Music, la realización de una campaña de promoción en 5.000 radios extranjeras de cuarenta países y ochenta españolas, y la grabación de un vídeo- publicados después del polémico concierto.
El Ejecutivo firmó el contrato con la empresa Market Insider, que tiene la exclusiva de la promoción en redes sociales de Enrique Iglesias y cuyo administrador es el manager del artista (Juan Velasco). Esta compañía justifica en un informe remitido al Parlamento que el cobro de los 95.000 euros se basa en «los mensajes que el artista publicó en sus redes sociales entre los días 16 y 19 de julio». Es decir, todos se produjeron después del concierto.
El primero fue un agradecimiento que colgó minutos después de acabar su polémica actuación en El Sardinero con el público gritando '¡manos arribas, esto es un atraco!'. En sus mensajes hubo referencias a Santander y a Cantabria, pero ninguna a la celebración del Año Santo, a pesar de ser la estrella de la programación veraniega.
La oposición salió en bloque para cargar contra el consejero Francisco Martín por la gestión de todo lo que rodea a este espectáculo, e incluso Partido Popular y Ciudadanos consideraron que «debe dimitir». Sin embargo, el titular de Turismo consideró «adecuado» el coste de la campaña del artista «porque llegó a 70 millones de personas». Además, un informe encargado por el bipartito cifró su impacto económico en más de 17 millones de euros.
Después del mal trago, el Ejecutivo quiere dotar de la mayor transparencia posible a la adjudicación para evitar volver a pasar por el calvario político y confía en que varias empresas se presenten.
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