El Gobierno no logra desatascar los eólicos de El Escudo antes del final de legislatura

Existe hermetismo en torno a este continuado retraso. El plan inicial del bipartito y también de la empresa promotora –Biocantaber, una filial de Iberdrola– era llegar a las elecciones con las obras en marcha de esta instalación de 105 megavatios de potencia, la más importante de las que están proyectadas y autorizadas en Cantabria. Por eso, la Consejería de Obras Públicas anunció que la Crotu del pasado mes de septiembre contaría con el expediente para su aprobación. Esto no ocurrió ni en septiembre, ni en octubre, ni en las dos reuniones celebradas en diciembre. Tampoco en febrero de este año. No pudo hacerlo porque la Dirección General de Biodiversidad tenía que autorizar antes la ocupación de los montes de utilidad pública, propiedad de las diferentes juntas vecinales, que se opusieron y negociaron para obtener mejores condiciones. Finalmente, los propietarios aceptaron 24 de los 25 aerogeneradores. Los únicos que se opusieron fueron el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo –donde va instalado uno–, así como las juntas vecinales de Resconorio y San Miguel, en Luena, en su caso afectadas por el trazado de la línea de evacuación.

Con este último escollo, todo apuntaba a que el encuentro de ayer podría suponer el espaldarazo definitivo. Pero no fue así, porque ni siquiera se incluyó en el orden del día.

El parque de El Escudo, de 105 megavatios de potencia, es el más importante de todos los que hay proyectados y autorizados actualmente en la región. Porque, a día de hoy, sólo está en funcionamiento el de Cañoneras I y Cañoneras II, en Soba, y el molino experimental de Vestas en Campoo. El día que El Escudo comience a generar electricidad se convertirá en la segunda gran estructura eólica hecha realidad en Cantabria.

El resto de instalaciones en tramitación ha supuesto un calvario para los intereses del Ejecutivo y también para las empresas promotoras. Tras someterse a los diferentes procesos de evaluación ambiental, muchos de los proyectos fueron decayendo sucesivamente por las afecciones ambientales. Finalmente, una decena consiguió todos los parabienes para continuar adelante.

De momento, las torres y turbinas de El Escudo siguen apiladas en el Puerto de Santander a la espera de tomar la autovía A-67 rumbo al corazón de Cantabria. Ni el Gobierno ni el promotor lo han tenido fácil. Desde un primer momento se toparon con la oposición de los vecinos, que se agruparon en torno a plataformas para evitar su instalación. Al Ejecutivo no le quedó más remedio que tirar de una figura jurídica para desenredar el nudo. Declaró el proyecto como de «interés general» para que Montes pudiese autorizar la ocupación de los terrenos propiedad de las juntas vecinales. «Las instalaciones eléctricas son de interés público –como podría ser una autovía o un hospital–. El hecho de que una entidad propietaria se oponga no es razón para que no se lleve a cabo», subrayó entonces el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco. Pero ahora deberá ser el próximo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de mayo quien, en una futura Crotu, dé el visto bueno final y autorice al promotor a que inicie los trabajos.