El Gobierno multa con 3.875 euros la imprudencia de los espeleólogos rescatados en Soba

Esta multa, la primera de la actual legislatura y la segunda tras una actuación llevada a cabo en la Navidad de 2020 para localizar a una familia de Madrid perdida en una ruta en Miera, llega tras cerrar el expediente y acreditar que los afectados no habían cumplido con la obligación de comunicar previamente el acceso a la cavidad al Centro de Atención de Emergencias 112, algo que tampoco realizó en su nombre la entidad organizadora de la actividad.

La Administración ha procedido a liquidar la mencionada tasa de rescate a la empresa aseguradora, dado que los espeleólogos contaban con una póliza que cubría dicha contingencia.

Frente a esta liquidación de tasa, notificada a los afectados el pasado 28 de agosto, puede interponerse reclamación económico administrativa, dirigida a la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, en un plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, así como, en su caso, recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano.

El rescate de los dos espeleólogos castellanoleoneses se llevó a cabo entre los días 23 y 25 de junio en la cueva denominada Garma Ciega-Sima del Sombrero, en el término municipal de Soba (Cantabria).

Desde el primer momento la actuación estuvo salpicada de controversia porque rápidamente se comprobó que no habían adoptado la medida de precaución consistente en la comunicación previa al 112. Esta omisión es uno de los supuestos de hecho imponibles para el cobro de las tasas previstas en la Ley de Cantabria 11/2021 de Medidas Fiscales y Administrativas, que regula la tasa por servicios de rescate y salvamento.

En virtud de ello, el Ejecutivo ha aplicado la tarifa tres prevista en la Ley para el servicio prestado de espeleosocorro, que establece por movilización del equipo, hasta las seis primeras horas, una cuantía de 569,97 euros, así como por cada hora adicional de intervención, hasta el final de la misma, de 113,99 euros la hora.

Desde que el PP ganó las elecciones en Cantabria el año pasado, en su mente estaba cambiar el modelo de sanciones por imprudencias en la montaña, en el mar o en cuevas que obligan a desplegar al equipo de emergencias de Protección Civil. Solo el año pasado se produjeron 185 rescates en la región, aunque es difícil segregar los accidentes inevitables de los provocados por la temeridad de los montañeros, nadadores o espeleólogos. Hasta ahora. El Consejo de Gobierno aprobó en agosto el primer Mapa de Riesgos de Cantabria, una herramienta que permitirá identificar claramente las zonas y condiciones de peligro por distintas causas en la Comunidad para poder prevenir esos accidentes y, sobre todo, permitirá a la Administración cambiar ese modelo de cobro de tasas por imprudencias –que nunca se usa en la práctica– por un régimen sancionador real con multas.

Como consecuencia, lo que hasta ahora eran expedientes anecdóticos pasarán a quedar más regulados de modo que las distintas imprudencias u omisiones en el medio natural quedarán claramente reguladas. Dicho de otra manera, las sanciones se incrementarán, principalmente para sufragar los diferentes gastos en los que incurran los equipos de rescate.

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