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DM . y Agencias
Santander
Lunes, 3 de febrero 2020, 20:44
El Gobierno de Cantabria ha denegado a la compañía canadiense Emerita Resources la prórroga que había solicitado para seguir investigando si hay zinc en Reocín y ha decidido sacar de nuevo a concurso las cuadrículas mineras para saber si hay mineral en esa ... zona. Esta empresa canadiense solicitó una prórroga para seguir investigando la existencia de zinc, que fue denegada, después de que sólo realizara seis sondeos e invirtiera 1,2 millones de euros pese a haberse comprometido a hacer 125 pinchazos y destinar 17 millones. Ahora se sacarán de nuevo a concurso 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y Torrelavega una vez finalizado el pasado 24 de enero el plazo de 13 meses por el que se adjudicó el permiso Salia a Cantábrica del Zinc (integrada por la canadiense Emerita Resources) .
El consejero de Industria, Francisco Martín, lo ha dicho así en el pleno del Parlamento en respuesta a la interpelación del diputado de Ciudadanos Diego Marañón acerca de las perspectivas reales de futuro del proyecto de la mina de zinc de Reocín, en la que Martín ha dicho que tiene «las expectativas intactas» y que ha recalcado que le «consta» que hay empresas interesadas en acudir al concurso de la concesión.
Martín ha subrayado que las otras seis empresas que optaron a realizar en su momento estas prospecciones siguen investigando si hay zinc en esta zona, y se le ha trasladado verbalmente el interés de buscarlo.
Y ha explicado que, mientras que Emerita Resources se comprometió a destinar al proyecto de investigación 17 millones de euros y a realizar 125 sondeos en un plazo de trece meses, las otras empresas, en su oferta, se movieron en unas inversiones de unos cuatro millones de euros a invertir en tres años.
«El proyecto es de cero riesgo porque para el Gobierno de Cantabria no tiene coste y sólo la fase de investigación genera empleo», ha insistido, antes de añadir que desde el Ejecutivo tienen la obligación de seguir creyendo en el proyecto porque el zinc «está y queda saber si es rentable explotarlo».
A su juicio el interés de otras empresas y la posibilidad de que haya la cantidad de mineral que se plasmaba en los estudios de la Asturiana de Zinc «justifica plenamente» que el Gobierno ponga en marcha de nuevo la maquinaria para que se hagan los sondeos. «Jamás en 30 años ha habido nada con tanto interés en Cantabria», ha incidido el consejero, quien considera que la «expectativa es real» y «puede llegar a buen término».
Además, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha interpelado al titular de Industria por la responsabilidad política de este «cuento de la lechera» que en su opinión se creyeron desde el Ejecutivo cántabro. «Ninguna», ha respondido Martín.
Por otro lado, el diputado popular Roberto Media ha interpelado a la consejera de Turismo, Marina Lombó, por las construcción de infraestructuras turísticas en la comarca Pasiega tras la promesa de «una lluvia fina» de inversiones.
Lombó ha repasado los proyectos previstos por el Gobierno regional en los valles pasiegos, consensuados -ha dicho- con los vecinos y ha reafirmado su compromiso con ellos porque «merecen ser apoyados».
Desencuentro
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa del PRC para reclamar al Ejecutivo central (PSOE-Unidas Podemos) que cualquier diálogo o acuerdo sobre distribución territorial y competencial del poder en España tenga «como marco y límite» la Constitución y una negociación «multilateral», no bilateral, del nuevo modelo de financiación autonómica, una propuesta que ha contado con el 'no' del PSOE, su socio de Gobierno, postura que los regionalistas «no han entendido».
Así lo ha reconocido el portavoz parlamentario del grupo regionalista, Pedro Hernando, después de que el PSOE anunciara su voto a esta proposición no de ley, lo que supone una nueva discrepancia entre los dos socios de Gobierno.
Además, en la iniciativa del PRC, que ha contado con el voto a favor de PP y Cs y la abstención del grupo mixto-Vox, pide también que en el nuevo modelo se reconozca 'el status quo' preexistente del actual, y que en él se tengan en cuenta de «forma preferente», sobre el criterio de la población factores como el coste efectivo de los servicios, el envejecimiento de la población, la despoblación, la orografía, y otros factores socioeconómicos.
Reclamación
Al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no le «cabe en la cabeza» que el Estado no devuelva a las comunidades el dinero correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre de 2017, ya que sería «una apropiación indebida» ante la que el Gobierno que dirige (PRC-PSOE) no descarta la vía judicial.
Así lo ha avisado el jefe del bipartito y de los regionalistas este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP formulada por su líder y de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, que le ha garantizado que tendrá a su formación «al lado» si se suma a la reivindicación de otras autonomías o emprende el camino de los tribunales.
«Aquí todos vamos a arrear del carro», ha replicado Revilla, «convencido» de que la administración central va a «pagar» el montante que adeuda a las comunidades -2.500 millones en total, 42 de ellos a Cantabria-. «Esto hay que pagarlo. No se le escapa a nadie», ha sentenciado. «Es de libro», ha remachado.
Y es que lo contrario sería una «apropiación indebida» a juicio del regionalista, que ha advertido que en el Ejecutivo de regionalistas y socialistas «no descartamos la vía judicial»; eso sí, después de dar un «tiempo razonable» para tratar de «convencer» del pago al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez.
Solvay
El presidente también ha insistido, a preguntas del portavoz parlamentario de Vox, Cristobal Palacio, en que la nueva caldera que va a instalar Solvay, para sustituir a la que tiene actualmente de carbón, va a utilizar biocombustible «sin ningún tipo de contaminantes».
Miguel Ángel Revilla ha recalcado que el Gobierno de Cantabria realizará «todos los controles» sobre esta nueva caldera y que «no va a permitir que lo que se instale sea ilegal».
Ha defendido que esta caldera utilizar tecnología aprobada por la Unión Europea y es similar a otras que se están construyendo en países como Alemania.
Y ha rechazado que el Gobierno de Cantabria haya llegado, a través de la empresa pública Mare, para construir un vertedero que alimente de basuras a la nueva caldera de Solvay.
«No se va a instalar ninguna coincineradora», ha recalcado Revilla, quien ha acusado al diputado de Vox de «crear alarma» sobre empresas «vitales» para el tejido productivo de Cantabria.
Además, el pleno del Parlamento ha rechazado una moción del PP para instar al Gobierno de España a que suspenda la elaboración del nuevo decreto relativo a la Ley de Costas, con los votos en contra del PRC y del PSOE.
Nuevo reglamento de Costas El Pleno ha rechazado este lunes, con los votos de PRC y PSOE, la moción del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que suspenda la elaboración del nuevo decreto de desarrollo de la Ley de Costas. Ciudadanos y Vox han apoyado la propuesta al coincidir con el PP en que el borrador planteado por el Ministerio «vuelve a crear un problema donde ya no lo había» al limitar a un máximo de 75 años la vida de las concesiones en dominio público marítimo terrestre, incluidas las prórrogas, lo que según el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, puede abocar «al cierre de negocios que suponen como mínimo el 4% del PIB de Cantabria». Por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, Javier García Oliva (PSOE) ha explicado que la modificación del decreto de desarrollo viene originada por varios informes del Consejo de Estado primero, y de la Abogacía del Estado después, que señalan «incoherencias e incorrecciones» en el reglamento que desarrolla la reforma de la Ley de Costas aprobada por el PP en 2013.
Consejo Económico y Social El primer Pleno del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento de Cantabria ha comenzado con una propuesta conjunta de los cinco grupos parlamentarios, aprobada por asentimiento, para que formen parte del Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria colectivos e instituciones como AMEC, CERMI, Fundación del Metal o la Cámara de Comercio. En concreto, se trata de la presidenta de Mujeres Empresarias de Cantabria, Eva Fernández Cobo, y la presidenta del CERMI, Mar Arruti Bustillo, a propuesta del Grupo parlamentario Regionalista. También la Fundación del Metal, representada por José Francisco Martínez a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista; la Cámara de Comercio, en la persona de Alfredo Salcines, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular; y Asociaciones y Colectivos Ciudadanos, representados por Leticia Díaz Rodríguez a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto (Vox).
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