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El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado hoy que la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2017 y 2018 permitirá a quince personas con discapacidad intelectual optar en los próximos meses a un puesto de trabajo como funcionario de carrera en la Administración pública regional. A estas quince plazas se suman otras 34 para facilitar la incorporación de personas con discapacidad física. De todas ellas, 15 corresponden al cuerpo administrativo, 19 al cuerpo general auxiliar y 15 al cuerpo general subalterno.
Durante la inauguración del foro sobre el 'Acceso a la función pública y novedades en la nueva Ley de Contratos del Sector Público', De la Sierra ha recordado que en la ejecución del OEP de 2016 se incluyeron por primera vez plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.
Rafael de la Sierra ha destacado la «interesantísima» experiencia de colaboración de su Consejería y CERMI Cantabria en la ejecución de la citada oferta con resultado «ejemplar» tanto desde el punto de vista de los aspirantes como del personal encargado de las mesas y los tribunales calificadores.
Asimismo ha señalado la «relevancia» de la jornada inaugurada hoy por la densidad e importancia del acceso a la función pública, dado el momento «de renovación y complejidad» que atraviesa, y la nueva Ley de Contratos, que está dando «enormes quebraderos de cabeza a los que tienen la obligación de gestionar la contratación pública».
«Para solucionar problemas difíciles, complejos y ancestrales es imprescindible la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones que tienen el conocimiento directo de los problemas«, ha insistido el consejero.
De la Sierra ha hecho referencia a la «idea compartida» de una discapacidad que «no habla de minusvalía, sino de valía, no habla de deficiencia, sino de eficiencia, y tampoco de discapacidad, sino de capacidad«.
La presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti, ha señalado las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo y, por ello, la necesidad de «seguir avanzando en aplicar todas las oportunidades que la legislación ofrece».
También ha destacado la relevancia de una jornada como la inaugurada hoy, que trata de visibilizar, por un lado, buenas prácticas para garantizar el acceso al empleo público de personas con discapacidad, tanto desde la visión de la administración pública como desde la experiencia de las personas que se incorporan a un empleo y de las personas del entorno donde lo desempeñan.
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Ana del Castillo
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