El Gobierno pagará 25 euros por vaca infectada y hasta 1.500 por cada una fallecida

No es mucho dinero. Al menos, si se tiene en cuenta que los ganaderos gastan, según relataron el PSOE, Vox y el PRC, «centenares de euros» en cada animal enfermo. Tampoco si se atiende a las elevadas cifras de reses afectadas y muertas que relató la directora general. Fernández Puente afirmó que a 27 de octubre –el jueves de la semana pasada– había 4.870 vacas afectadas y 1.642 fallecidas a consecuencia de la enfermedad hemorrágica. Si la intención del Gobierno es pagar 25 euros por cada una, el desembolso ascendería a 121.750 euros. Más difícil es calcular la cuantía por animal muerto. La directora general explicó que la intención es pagar entre 700 y 1.500 euros en función de la raza y la edad de la vaca. Por tanto, si se toma una media de 1.100 euros por animal, el desembolso público para los 1.642 muertos hasta el pasado jueves ascendería a 1,8 millones.

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga es consciente de que la partida no llegará a todos los ganaderos. «Las ayudas se priorizarán, si no hay dinero suficiente, en función del criterio objetivo del orden de prelación del aviso efectuado por el veterinario clínico que figura en la base de datos de la Dirección General de Ganadería», subrayó Fernández Puente.

La directora general también aprovechó su comparecencia para informar de que ya son 70 de los 102 de los municipios de la región los que cuentan con casos confirmados, y que Liébana es la única de las 13 comarcas agroganaderas que se ha librado por el momento de la picadura del mosquito que desencadena la enfermedad. También de que hay 7 ovejas afectadas y otras seis que han fallecido, además de una cabra muerta. También explicó que su departamento está realizando un estudio del exceso de mortalidad con los datos de la empresa de recogida de cadáveres, Tragsa. Aunque sólo están completos los datos de septiembre, el exceso de fallecimientos «es de 521 más respecto a 2022 y de 458 respecto a 2021»

Para poder optar a las ayudas, Ganadería explicó que se exigirá el certificado del veterinario de la explotación donde se indique que los animales muertos y tratados contra la enfermedad, la presentación del documento de traslado de cadáveres junto con el documento de identificación de la vaca muerta «para facilitar la tramitación y poder pagar las ayudas».

La oposición aprovechó la comparecencia en la comisión parlamentaria de la directora general de Ganadería para mostrar su disconformidad sobre la forma en la que el Gobierno regional está gestionando el brote. «El consejero le resta importancia a todo, minimiza los efectos de la enfermedad», afirmó el regionalista Guillermo Blanco. Incluso el presidente de la comisión de este martes, Joaquín Gómez, afeó a Fernández Puente que «los datos pormenorizados» los diese en su segundo turno cuando el resto de diputados no tenían ocasión de réplica. Una queja secundaron también desde el PRC, PSOE y Vox.

La comisión se celebró un día después de que, de nuevo, toda la oposición (PRC, PSOE y Vox) se uniera en el Pleno del lunes para censurar la «inacción» de la Consejería de Ganadería. No estaba presente el consejero, que acudió a Madrid para participar junto al resto de colegas autonómicos en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que presidió el ministro Luis Planas. El Ministerio sólo financia los sacrificios obligatorios dentro de los programas de erradicación de las enfermedades. Y la enfermedad hemorrágica no es una de ellas. Así que las ayudas deben correr a cargo de las comunidades autónomas, si lo estiman necesario. El Estado únicamente se encarga de coordinan la coordinación general del sistema de lucha contra la enfermedad.

Precisamente, nada más terminar la comisión parlamentario, Pablo Palencia se presentó ante los medios para informar de los acuerdos alcanzados el día anterior en la Sectorial. Palencia ha apoyado la solicitud de vacunación contra la enfermedad como «única media eficaz» para frenar la enfermedad, la liberación de fondos que puedan sufragar la vacunación y los daños producidos en las explotaciones y la revisión de la póliza de agroseguro para actualizarla a los cambios del sector rural y de las enfermedades emergentes.