El Gobierno y el Parlamento no publican los bienes de sus consejeros y diputados

Junto a las del País Vasco y Navarra, es la única que no hace públicas las declaraciones de bienes de sus integrantes, una práctica que en los últimos años se ha ido extendiendo en aras de aumentar la confianza de los ciudadanos en los cargos electos como también hacen en el Congreso de los Diputados y el Senado, o en los principales ayuntamientos de la región alcaldes y concejales. En la mayoría de los casos sus señorías entregan el documento cuando llegan y cuando se van como muestra de que su actividad política no ha sido una fuente de enriquecimiento. Será bueno o malo, más eficaz o menos, pero es así. Igualmente, son muchos los ejecutivos autonómicos que siguen esta misma filosofía. Aquí Cantabria vuelve a ser una excepción. No es posible saber -por medio de un cauce oficial, como ocurre en 14 territorios-, a día de hoy, si el presidente Miguel Ángel Revilla tiene uno, dos o tres pisos. Tampoco cuál es el diputado con más patrimonio.

La causa hay que buscarla en las normas que regulan ambas instituciones. En el caso del Parlamento, los 35 diputados autonómicos, según su reglamento, están «obligados a efectuar declaración de bienes patrimoniales», pero estas quedan bajo custodia del letrado secretario general y nadie puede acceder a ellas si no hay un requerimiento superior o una causa legal justificada.

Ni el presidente de la Cámara puede tocarlas, pero están ahí 'por si acaso'. De hecho, se entrega en un sobre cerrado y no se abre a no ser que alguna circunstancia lo requiera. Desde el PRC aseguran que ese obstáculo se puede salvar si todos los portavoces pactan levantar el veto, como ya se hizo en alguna ocasión en el pasado.

Ellos están dispuestos a repetirlo. También el PSOE. «No tiene sentido que sean todas públicas menos las del Parlamento», razonan en Ciudadanos, que adelanta su intención de presentar un proyecto legislativo para acabar con esta situación. Dicen prácticamente lo mismo en Vox: «Transparencia total. Los ciudadanos tienen todo el derecho a conocerlo». En el lado contrario se encuentra el PP. En el grupo parlamentario opinan que es una información «privada, reservada y particular».

En lo que afecta al Ejecutivo regional, el tema es aún más complicado. La Ley de Transparencia de la Actividad Pública, aprobada en 2018, dice que las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales tienen que hacerse públicas. Obliga a los altos cargos del Gobierno y del Parlamento. Pero añade que se hará «en la forma que se desarrolle reglamentariamente». Ese reglamento es el que todavía no existe. Está «en tramitación». O lo que es lo mismo, aunque la 'ocultación' de estos datos no sea ilegal, sí va en contra del espíritu de la norma.

En 2013 se vivió en Cantabria un episodio curioso a cuenta de la transparencia. Cuando en Madrid el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo pública su declaración de ingresos económicos y propiedades, la presión se trasladó al resto de instituciones públicas y llegó a la región. El primero en dar el paso fue el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Dos semanas después, a regañadientes, de forma limitada y tras el 'desnudo' de los cargos del PSOE, repitió la jugada Ignacio Diego, entonces jefe del Ejecutivo autonómico. Hubo una segunda parte el año pasado, cuando De la Serna pidió a Revilla que informara de cuánto ha ganado por sus libros. Lo dijo dos semanas después: 525.729 euros en cinco años, menos 232.000 que le quitó Hacienda.