El Gobierno se persona en el proceso como «parte interesada»

La denuncia interpuesta por la Fiscalía de Cantabria contra cuatro altos cargos de Sanidad refleja la existencia de supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos. Según De la Sierra, si en el transcurso de la investigación aparecen indicios «claros» de malversación, «el Gobierno se personará como perjudicado» para defender los intereses de la comunidad autónoma, aunque tampoco descarta ejercer la acusación particular en la causa. «En este momento no descarto nada, aunque serán los servicios jurídicos del Gobierno quienes decidan». De momento, y a la espera de lo diga la investigación judicial sobre el alcance del perjuicio causado, el Ejecutivo solicitará estar presente en la causa como parte interesada, lo que le dará acceso a las diligencias y a toda la documentación existente. «Luego, una vez visto el contenido, los servicios jurídicos serán quienes tomen una decisión», reiteró.

De la Sierra asegura que el Ejecutivo «actuará sin complejos y sin ningún tipo de desidia» cuando sea el momento, ya que «no se pueden crear perjuicios a las personas y tomar decisiones que no están justificadas, ya que ni siquiera el fiscal ve indicios ahora de malversación, aunque dice que pudieran existir en su momento». El responsable del área de Justicia sostiene que, tanto en este caso como en otros, «la Administración regional no está para pedir más o menos penas, sino para resarcirse del posible delito», en alusión a que su postura debiera ser aceptar la calificación que plantee el Ministerio Fiscal en su momento.