El Gobierno pide colaboración municipal para atajar los pisos turísticos ilegales

Fue esta última frase la que abrió ayer un nuevo frente de batalla, el municipal, que se une a una lucha contra la proliferación de estos pisos ilegales. En datos, el Gobierno maneja una cifra de inmuebles registrados legalmente hoy en día en Cantabria: apenas 1.406. Apenas porque, según la Asociación de Hostería, hay unas 10.000 viviendas de uso turístico en la región, de las que «apenas un 16% están legalizadas». Un dato que además, según el propio la consejera, alimenta el riesgo de la masificación. «Hay que tener en cuenta la capacidad de carga de un territorio; por eso no solo debemos de distinguir entre viviendas legales e ilegales, sino de la cantidad de ellas que podemos asumir sin colapsar los servicios», enfatizó Fernández. «Habrá que ponerle un límite, como se hace con las plazas hoteleras que hay en una ciudad», añadió.

De lo contrario, se reeditará el mismo fenómeno vivido este pasado verano, en el que el turismo se disparó de una manera que no es explicable si se cotejan los datos con la ocupación hotelera. «Si continuamos haciendo las cosas mal podemos poner en cuestión la sostenibilidad del modelo», apuntó la consejera.

En la reunión se vertieron todas las propuestas, algunas de ellas con difícil encaje legal. «No todas las medidas solicitadas son legales, pero todo lo hablado servirá para que nos pongamos a trabajar y podamos establecer los requisitos». El ejemplo está en los decretos similares desarrollados en otras comunidades autónomas, algo que el Ejecutivo cántabro también está estudiando para desarrollar el documento que previsiblemente estará en vigor para el próximo verano; aunque no todo el mundo confía en ello. «Estamos contentos con la disposición general de la consejera. Hay intención de solucionar el asunto, lo que no vemos tan claro es que vaya a ser todo lo rápido que nos gustaría», aseguró el presidente de la Asociación de Hostelería, Javier Bedia. «Desarrollar el decreto no es una cosa sencilla porque es complicado articular todo esto, pero confiamos en que esté listo lo antes posible».

No será tarea fácil dadas las circunstancias y las capacidades de la propia Consejería. «Nos han comunicado que hay solo cinco inspectores trabajando en el control de estos pisos y, lógicamente, no dan abasto», observó Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural, uno de los ámbitos más afectados por este asunto, que este pasado verano denunció a 400 viviendas ilegales en varios municipios.

«Le hemos pedido expresamente a la consejera que amplíe la dotación presupuestaria para este fin y que se incremente también el personal porque de lo contrario es inasumible hacer lo que se quiere hacer», resumió.

Y una vez esté listo el decreto, vendrá la segunda batalla de esta guerra, «el trabajo para que los ayuntamientos se pongan a trabajar para aplicar la normativa a través de sus planes generales y limitar con ello la proliferación ilegal de estos inmuebles que nos hacen una competencia desleal», insistió Blanco en una cita a la que también asistieron representantes de la Asociación de Viviendas Turísticas; de la Asociación de Alquileres Vacacionales; de la Unión de Consumidores; de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y de la Asociación de Vecinos de Santander y Cantabria.