El Gobierno prevé subir a 500 euros al mes la cuantía de la Renta Social Básica

Este plan afectará a miles de cántabros o residentes en la región. En septiembre, fueron 5.366 las personas que necesitaron de este respaldo económico llamado Renta Social, una ayuda que está siendo rediseñada por medio de un anteproyecto de ley 'de medidas para la inclusión social y la cobertura de las necesidades sociales básicas' que sirve también para revisar las prestaciones por emergencia social y las de emancipación para quienes hayan vivido bajo tutela. La consejería de Política Social del Ejecutivo espera poder llevar al Parlamento en noviembre el nuevo texto legislativo, ya que los técnicos están analizando las alegaciones llegadas en el reciente periodo de consulta pública.

El anteproyecto establece que para cobrar la Renta Social se ha de suscribir un convenio de inclusión social y, «eventualmente», un acuerdo personal de empleo para favorecer la empleabilidad del solicitante. Estos tendrán que ser mayores de 23 años y menores de 65, si bien se contemplan algunas excepciones, como el hecho de ser menor «y huérfano absoluto» o pasar de los 65 años y tener a cargo menores de edad o personas en situación de dependencia reconocida.

Todos los beneficiarios, además, adquieren unas obligaciones. Entre ellas, tener escolarizados a sus menores, no ejercer la mendicidad ni inducir a ella a nadie de su entorno más próximo o, si están en edad laboral, deberán mantenerse como demandantes de empleo mientras estén ingresando del erario.

Con gran diferencia sobre el resto, el municipio cántabro que más necesidades sociales tiene es Santander, donde en septiembre había 2.641 personas cobrando la cantidad que les corresponde. Es decir, casi la mitad de las prestaciones que se conceden se quedan en la capital (un 49,2%). En el extremo contrario se sitúan las áreas del Nansa y Valderredible, donde apenas se cuentan ciudadanos que la requieran: en la zona del Nansa solo la perciben cuatro personas y, en Valderredible, siete. Torrelavega, la segunda en población de la región, se sitúa a gran distancia de Santander, ya que allí solo se pagan 612 rentas de este tipo.

La titular de Política Social del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, ha expresado en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura su deseo de dotar de «mayor seguridad jurídica» a este derecho, que había quedado «atascado» y con una gestión «complicada y entorpecida» con el anterior Gobierno regional y de ahí que se planteara una nueva redacción de la ley y la simplificación del procedimiento administrativo. Éste, sin embargo, aún no satisface a todos y ha tenido momentos de contestación por parte de los profesionales de los Servicios Sociales.

Los números que tienen que ver con este salario básico no han dejado de crecer bajo el mandato de Díaz Tezanos. Desde agosto de 2015 a hoy se contabilizan 1.158 receptores más, lo que representa un avance del 28%. Al hilo de este aumento, el esfuerzo que han tenido que ir haciendo las arcas regionales para hacer frente a la factura que se genera también ha ido 'in crescendo'. Abril de 2017 registró un pico en el desembolso mensual: se sobrepasaron los 2,8 millones de euros. A día de hoy, la cifra es inferior en casi 300.000 euros, ya que el recibo de septiembre fue 'solo' de algo más de 2,5 millones.

El anteproyecto de ley también regula la prestación económica de emergencia social, que son ayudas de pago no periódico y extraordinario que se conceden en casos de extrema necesidad y en el momento en que se producen. Están destinadas, por ejemplo, a pagar alguna mensualidad del alquiler si se corre riesgo de quedarse sin el piso, a comprar algún equipamiento básico del hogar o a mejorar su habitabilidad. Se concede para alimentación, calzado y vestido cuando no se puede cubrir de otra manera y el límite máximo de esta ayuda será de 1.500 euros por persona y año.