El Gobierno prorroga la subida del 15% en la renta social hasta el mes de septiembre

«Como Gobierno progresista tenemos la obligación de seguir aplicando medidas que protejan a los colectivos, sobre todo, que más difícil lo tienen», cuenta la consejera socialista. Las cerca de 2.870 personas que reciben esta prestación al encontrarse en una situación de falta de ingresos o para complementarlos cuando estos no llegan a los mínimos necesarios para vivir se aplicará de forma automática. Es decir, que los beneficiarios no tendrán que hacer nada.

La cuantía de la prestación extraordinaria del 15% afecta a todas las personas que la tienen reconocida en Cantabria y este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de Renta Social Básica que hayan sido presentadas a la fecha de efectos de la publicación de la orden, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad. Empleo y Políticas Sociales tiene previsto publicar esta orden, a través del Instituto Cántabro de Servicio Sociales (Icass) el próximo 27 de junio. El Ejecutivo estima que tendrá un impacto de alrededor de 800.000 euros en las arcas públicas.

Cantabria tomó inicialmente la medida el pasado mes de marzo imitando el mismo incremento (del 15%) que aprobó el Gobierno de España para las cuantías del Ingreso Mínimo Vital. Ambas prestaciones tienen el mismo objetivo. La primera es subsidiaria de la segunda, de carácter nacional. De esta forma, los cántabros que solicitan el Ingreso Mínimo Vital y el Ministerio de Seguridad Social les reconoce el derecho dejan de cobrar la Renta Social Básica autonómica, aunque en algunos casos en los que la cuantía nacional no llega a los mínimos que estableció en su momento la región, el Icass mantiene un complemento para alcanzar los umbrales que considera suficientes para vivir de una forma digna.

El Plan de Choque contra la crisis de precios que puso en marcha Cantabria incluía ayudas directas a los sectores más afectados (agricultores, ganaderos, pescadores o transportistas, entre otros), así como la reducción o eliminación de cerca de medio centenar de tasas autonómicas hasta el 1 de enero de 2023.

Desde la Consejería de José Luis Gochicoa también se creó un mecanismo para negociar con las constructoras la revisión de los presupuestos de las obras públicas ante el incremento del precio de las materias primas y ha elaborado un proyecto de ley que tiene que salir adelante en el Parlamento para que puedan adherirse a este sistema los municipios que lo deseen.

En total, el conjunto de iniciativas suma 15 millones de euros que no estaban previstos en el Presupuesto de 2022. Lo que hará el Gobierno de Cantabria es revisar las Cuentas para eliminar partidas superfluas y destinar ese dinero a las ayudas directas y al resto de puntos del plan, así como a las medidas de apoyo a los refugiados procedentes de Ucrania. La idea es que cada departamento rebusque entre sus partidas de gasto, ponga en 'stand by' las no esenciales y reserve todos esos fondos a asuntos que ahora son más acuciantes.