El Gobierno empezará a tramitar el futuro 'buzón de la corrupción' antes de que acabe este año

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda, para informar del anteproyecto del presupuesto de su Consejería para 2021.

La consejera ha señalado que el Decreto de Transparencia regulará asuntos como las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública, el régimen de reclamaciones y el régimen sancionador. Junto a ello, se regulan otros aspectos, incorporando un desarrollo de la organización en materia de transparencia, sin olvidar adaptar la regulación a la jurisprudencia y a los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros.

Además, la consejera ha señalado que, «de forma paralela», la aprobación de decreto de transparencia trae consigo la necesidad de modificar el portal de transparencia, para adaptarlo a las nuevas obligaciones de publicidad activa impuestas por el mismo. Aprovechando esa necesidad se ha optado por una «modificación en profundidad» del portal, actualizando su imagen y rediseñando su estructura para adaptarla al nuevo reglamento, pero también para simplificar su uso por parte de los ciudadanos.

El propio decreto establece, según ha afirmado la titular de Presidencia, que entrará en vigor en el plazo de tres meses a partir de su publicación, y en ese periodo se irán introduciendo los nuevos contenidos.

Además, Paula Fernández ha avanzado que antes de que finalice el año comenzará la tramitación del Decreto de creación y funcionamiento del buzón de denuncias contra la corrupción, que «va a ser esa herramienta más de fiscalización y control que servirá como experiencia piloto para determinar si posteriormente se configura con su consiguiente personal y dotación presupuestaria la oficina anticorrupción».

Fernández ha reseñado, igualmente, que se va a proceder a contratar la redacción del proyecto del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, que permitirá unificar sus dependencias centrales, sin perjuicio de preservar los espacios que su actividad de apoyo judicial exige en cada partido. Esto permitirá habilitar unos 350 metros cuadrados en la zona nueva de Las Salesas para ubicar servicios y nuevas unidades judiciales que se puedan crear, según ha especificado.

En cuanto a la formación de los empleados públicos, la consejera ha destacado que el Centro de Estudios de la Administración ha visto afectadas sus actividades forma relevante durante 2020, de forma que muchas de las previstas inicialmente como presenciales, se han transformado en telemáticas y mixtas, limitando la formación presencial para aquellos cursos en que es imprescindible esta modalidad.

Las plazas ofertadas hasta este momento son de 2.333 en formato presencial y 2.461 en online, lo cual deja patente la adaptación que ha tenido que realizar este organismo. Por este motivo, se seguirá apostando por la oferta formativa con base en las nuevas tecnologías. En consecuencia, se ampliará el plazo de realización y se producirá una mayor colaboración con otras instituciones y entidades públicas.

Así, la consejera ha informado de que el CEARC va a contar con una plataforma de teleformación capaz de alojar los cursos propios del centro, lo que permitirá el desarrollo de nuevos cursos y la actualización, en su caso, de los ya existentes. Arrancará en el mes de enero y el precio de licitación será de 78.000 € con una vigencia prevista hasta 2023. Paula Fernández, ha enfatizado que otro de los objetivos para 2021 es regular la formación de los empleados públicos de Cantabria en una nueva Ley