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La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo ha comenzado el proceso para disponer, a lo largo de la presente legislatura, de un nuevo decreto que sirva para regular las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas de Cantabria. Algo así como ... una lista con los requisitos básicos para ser consideradas como tal. Se trata de un documento que pretende actualizar el texto autonómico vigente, que data de 1991, y que introducirá mayores exigencias para que un inmueble pueda acceder a la cédula de habitabilidad, la licencia imprescindible para su utilización de manera legal.
Aunque todavía no está redactado el decreto definitivo -se manejan distintos borradores con varias propuestas- y la intención del departamento que dirige el regionalista José Luis Gochicoa es realizar un proceso de participación con las partes, el Ejecutivo pretende, como principal novedad, aumentar el tamaño mínimo que tendrán que tener las viviendas. De esta forma, no se pondrán poner en el mercado inmuebles con menos de 35 metros cuadrados, frente a los 30 metros cuadrados de la legislación actual. Esa es al menos la propuesta inicial que será sometida al análisis de las partes.
«La que no cumpla esa serie de cosas se considerará que no es una vivienda», apuntan desde Urbanismo, que con este proceso busca «adaptar las condiciones de los inmuebles de la región a la realidad de hoy y poner al día una norma que se ha quedado obsoleta». Por ejemplo, también está previsto que se introduzcan medidas relacionadas con la eficiencia energética, un tema que hace 30 años no estaba en la mente de las administraciones públicas y que ahora tendrá un papel fundamental.
El impacto de este cambio es cualitativamente importante, pero limitado desde el punto de vista cuantitativo. Según el Instituto Cántabro de Estadísticas (Icane), en la comunidad autónoma hay 427 inmuebles de menos de 30 metros cuadrados, de los cuales 145 están en Santander y 18 en Torrelavega.
Otra de las aportaciones del nuevo decreto es que se igualarán las exigencias establecidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas libres, que en estos momentos tienen requisitos diferentes, algo que los técnicos de Obras Públicas no ven lógico. Y quedarán fuera de esta norma los apartamentos turísticos, que antes no tenían su propia norma y que ahora ya están regulados por la comunidad autónoma: «No tiene sentido que los introduzcamos aquí porque están sometidos a otras consideraciones».
Habrá que ver la literalidad del texto, pero también se prevé aumentar el tamaño mínimo exigible para los dormitorios. En principio -no está totalmente cerrado-, las habitaciones simples pasarán de tener un mínimo de seis metros cuadrados a ocho, y no podrá haber habitaciones dobles de menos de doce metros cuadrados.
«No es una gran revolución, pero son cambios que había que hacer para aumentar las condiciones mínimas de comodidad», apuntan en Urbanismo, desde donde ponen de manifiesto las dificultades de introducir una cama en un espacio de menos de seis metros cuadrados. A modo de anécdota, también se pretende que todas las viviendas tengan un espacio reservado en el exterior para instalar tendederos en los que secar la ropa, algo que ya es obligatorio en las VPO.
Los técnicos de la Consejería llevan años intentando actualizar esta normativa. En anteriores legislaturas ya se pusieron negro sobre blanco los artículos de un decreto que finalmente no pudo llegar a aprobarse por los tiempos políticos. Hasta el mes de agosto, Urbanismo recibirá las aportaciones que realicen los particulares e instituciones que lo deseen y con esas sugerencias y los borradores existentes se elaborará el decreto definitivo, que volverá a salir a información pública para su entrada en vigor, previsiblemente, en 2022.
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