El Gobierno realiza los primeros pagos de indemnización por derribo esta legislatura

El actual titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Luis Gochicoa, fue el encargado de entregar los cheques consignados en el Fondo de Derribos. Ahora prepara otros doce para La Arena y Las Torres, que se encuentran «en avanzado estado de tramitación».

En Escalante hay 32 viviendas afectadas por el Plan. Dieciséis familias están pendientes de una vivienda de sustitución y otras dieciséis han optado por cobrar la indemnización. En Arnuero, en cambio, hay 144 con sentencia: 42 ya se demolieron, 54 propietarios prefieren que les construyan una casa nueva y 48 optan por cobrar la compensación. Por tanto, si se descuentan las cinco indemnizaciones de ayer más las doce que están en camino, el Ejecutivo aún tiene que sufragar otras 47. «El Gobierno de Cantabria continúa trabajando para que el pago se pueda efectuar lo antes posible», recalcaron ayer desde Urbanismo.

La noticia no contentó del todo al colectivo de afectados. «Nos parecen muy bien todos estos acuerdos, pero hay que dar de una vez por todas un impulso a la solución definitiva», subrayó Vilela. «Y esta solución pasa por la aprobación de los diferentes Planes Generales, para poder llevárselos a los jueces y que decidan qué viviendas se pueden legalizar y cuáles no».

Mientras tanto, el Ejecutivo, además de en las indemnizaciones, trabaja en la construcción de las viviendas de sustitución para los propietarios que así lo han solicitado. Obras Públicas licitó el mes pasado por 7,7 millones de euros las de los propietarios de La Arena, en Arnuero, que aceptaron trasladarse a una futura urbanización. Las viviendas tendrán las características similares a las sentenciadas y se han repartido por acuerdo. Además, el Gobierno ha prometido que el derribo no se realizará hasta que todos tengan las llaves de sus nuevos hogares.

«Queremos seguir este mismo modelo en Escalante», concluyó Gochicoa. Los otros dos puntos calientes son Argoños (255 viviendas afectadas, de las cuales 244 podrían ser regularizables con la nueva normativa urbanística) y Piélagos (83 afectadas, también la mitad regularizables).