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El Gobierno de Cantabria ha rectificado su decisión de cerrar el interior de bares y restaurantes en los principales núcleos turísticos de la región y permitirá que los establecimientos de hostelería los abran, aunque sólo para las personas vacunadas. Sin embargo, esa medida se ... retrasa a la espera del aval jurídico para pode hacerlo. La decisión, acordada a última hora de ayer, se ha abordado esta mañana por el presidente Miguel Ángel Revilla en la reunión del Consejo de Gobierno y se produce después de la amplia contestación social a la decisión inicial de cerrar los interiores de la hostelería para tratar de frenar el avance de la quinta ola de covid en la Comunidad. Queda por determinar cómo se controlará el acceso de los vacunados a los establecimientos, aunque es muy probable que se siga el modelo de comunidades como Galicia o Canarias donde se exige el certificado de vacunación.
Por el momento, los servicios jurídicos de las consejerías de Sanidad y Presidencia trabajan en la redacción de esta medida, -«que no está en vigor», ha aclarado esta mañana el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga-, para garantizar la base legal de su posterior desarrollo. ¿Cuándo se pondrá en marcha? «El objetivo es que lo antes posible, pero es un trabajo técnico que compete a funcionarios del Gobierno de Cantabria y dependerá del tiempo que requieran para saber si es posible implantarlo», ha matizado Zuloaga. Ha remarcado que el objetivo es doble: que disminuyan los contagios y paliar los efectos de una decisión «tan compleja» como limitar la actividad en interiores.Sobre el hecho de que se aborde en este momento, ha argumentado que hace dos meses, cuando se puso en marcha el 'semáforo Covid', todavía no estaba en vigor el pasaporte, y además la campaña de vacunación no llegaba a los niveles actuales.
Ese pasaporte covid que permitiría acceder al interior de un negocio de hostelería refleja tres posibles opciones: que el titular tenga la pauta completa de vacunación, que haya pasado la enfermedad en los últimos seis meses o que acredite haber realizado recientemente una prueba PCR.
El propio presidente del Gobierno cántabro lleva dos días mostrando su desacuerdo con la decisión de Sanidad de cerrar los interiores de los establecimientos y abogando por buscar alternativas menos duras para el sector de la hostelería. Ayer mismo, el jefe del Ejecutivo se mostraba dispuesto a tratar de convencer al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, de analizar otras posibles soluciones.
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En paralelo, la alcaldesa de Santander se ha reunido esta mañana con representantes de la Asociación de Hostelería, Cámara de Comercio de Cantabria y CEOE para analizar la situación y proponer posibles soluciones a la Consejería de Sanidad, con la que se sentará posteriormente en una reunión programada en Valdecilla. Gema Igual ha exigido al Ejecutivo que paralice su decisión de cerrar el interior de la hostelería y se busquen medidas alternativas ante la repercusión económica que supone para el sector parar la actividad en plena temporada veraniega.
Sin embargo Zuloaga no ha podido dar plazos concretos. «Sería una osadía por mi parte dar un plazo que pudiera no cumplirse», se ha justificado ante la insistencia de los medios en la comparecencia, que ha comenzado con más de media hora de retraso. Ha indicado al respecto que se trata de un trabajo jurídico y técnico, que compete a funcionarios y que se tendrán que tomar «el tiempo que requieran para saber si esta medida es posible o no».
La polémica surgió este pasado martes con la actualización del semáforo covid. Ante la fuerte subida de los contagios, 19 municipios de la región -entre ellos Santander, Laredo, Castro, Noja, San -Vicente, Ribamontán al Mar y Potes- ascendieron al nivel de riesgo 3, lo que implica un aumento de las restricciones, entre ellas el cierre del interior de bares y restaurantes.
«La Consejería de Sanidad tiene como principal misión velar por la salud de las cántabras y cántabros y no nos podemos permitir, aunque compartamos la preocupación de determinados sectores económicos, que el sistema sanitario deje de atender a la población en una necesidad básica como es la salud, porque sin salud no hay economía posible», insistía ayer mismo Rodríguez, quien, por otra parte, aseguró que su departamento «siempre está dispuesto al diálogo que permita buscar medidas eficaces que puedan ser compatibles con el desarrollo normal de la actividad económica, pero siempre bajo la máxima de que primero va la protección de la salud de la población».
¿Qué se hace en otros territorios? Las medidas más novedosas las tienen Galicia o Canarias. En ambas comunidades se ha planteado que los clientes accedan a los interiores de los locales hosteleros certificado de vacunación en mano. El documento ha de acreditar que han recibido la pauta completa.
Galicia ha estrenado esta medida en municipios que registren un mayor riesgo sanitario. El Gobierno de Canarias está en ello, ampliando de esta manera los espacios donde se va a requerir esta acreditación. Aragón ha anunciado que también estudia recurrir a este documento, por lo que el uso del pasaporte covid en hostelería y otros espacios compartidos parece cobrar fuerza.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, dijo ayer que el recurso del pasaporte covid es «complicado». «Hasta qué punto podemos poner limitaciones con algo que no es obligatorio», se preguntó. «Pretender dar otro paso, cuando aún no se le ha dado a todo el mundo la oportunidad de vacunarse, puede ser excluyente. Nosotros hemos abordado hasta ahora este tema desde el ámbito de la salud, y durante los próximos meses vamos a continuar por ese camino», reveló en una entrevista radiofónica recogida por Europa Press.
El Ministerio no se plantea una reforma para que el pasaporte covid sirva como salvoconducto para la entrada en bares y restaurantes. El mensaje de Darias fue que el certificado digital de vacunación de la UE solo debe ser utilizado para facilitar la movilidad entre países.
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