El Gobierno recupera el buzón de denuncias contra la corrupción, pero no será anónimo

Lo que ocurre es que en este tiempo ha habido algunos cambios en la legislación nacional y europea y el buzón ha experimentado algunos cambios respecto a la idea inicial. El principal es que las denuncias no serán anónimas, sino que tienen que llegar firmadas. Eso sí, el organismo encargado de su recepción y tramitación, la Inspección General de Servicios, garantizará que el origen de estas notificaciones sea confidencial con independencia del resultado, tal y como recoge la Ley de Protección de Datos.

La otra novedad es que este buzón de denuncias ciudadano no podrá ser utilizado por los altos cargos del Gobierno regional ni por el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de sus organismos públicos asociados. Esto es así porque precisamente estos dos grupos son los que son sometidos al escrutinio ciudadano. Además, el Gobierno de España está elaborando un procedimiento de denuncia específico para ellos, tal y como exige Europa a los países comunitarios.

¿Qué casos podrán denunciarse? Pues la Ley de Participación considera 'corrupción' tres supuestos distintos: «el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonio públicos en beneficio privado, propio o de terceras personas; cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses, y el de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones propias». La Inspección General de Servicios se encargará de analizar las denuncias durante un máximo de seis meses y a partir de ahí tendrá que decidir entre tres vías: llevar el asunto a la Fiscalía si existe indicio de delito, iniciar un expediente administrativo o disciplinario si supone una falta menor y, en caso de que no haya nada sospechoso, archivarlo. En todos los supuestos, el denunciante tendrá que ser informado.

La Ley de Participación también incluye por primera vez un mecanismo para que los ciudadanos puedan intervenir en la elaboración de los Presupuestos de Cantabria dando un destino concreto a algunas partidas. Y todas las consejerías estarán obligadas a elaborar un Plan Anual para dar mayor participación a los cántabros en la toma de decisiones.

Además, este proyecto de Ley de Participación ha contado con esa participación que predica. En concreto, nueve colectivos o personas individuales presentaron 84 alegaciones, que han servido para revisar la redacción de diez de sus treinta artículos. «Hemos querido involucrar a la mayor parte de la sociedad de Cantabria en un proceso participativo que ha durado más de un año, pero la participación de la ciudadanía en la elaboración de la ley ha sido menor de lo que esperábamos, síntoma claro que nos reafirma en la necesidad de disponer esta ley para fomentar la participación», recuerda la consejera Paula Fernández.

Por ejemplo, se cambió la redacción inicial para reducir de 3.000 a 2.000 el número de firmas que hay que reunir para pedir a una Consejería que inicie un proceso participativo de cualquier tipo, aunque el departamento tendría en cualquier caso la última palabra. Esto afectaría a temas tan diversos como la elaboración del Plan de Carreteras o el uso de Fondos Europeos. En cambio, queda fuera la petición de Izquierda Unida de crear un Defensor del Pueblo y la de Cantabristas de incluir a los ayuntamientos en la ley. En el primer caso, Presidencia afirma que debe hacerse con una norma propia y en el segundo que se quiere respetar el ámbito de decisión de las entidades locales.

Ahora la duda es saber cuándo entrará en vigor la ley y el buzón. En abril se disuelve el Parlamento regional y los plazos para la aprobación de la norma antes de las elecciones van muy ajustados.