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El Gobierno de Cantabria ni se plantea tener que devolver a la adjudicataria del contrato de Valdecilla, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), los 2,2 millones de euros que le ha deducido en penalizaciones en los dos últimos años por las incidencias detectadas en el ... funcionamiento de los servicios que gestiona en el hospital. La interpretación que los servicios jurídicos de la Administración hacen de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el acuerdo de Consejo de Gobierno que dio pie al inicio de esas sanciones, que han supuesto 85.000 euros mensuales de media, difiere totalmente de la realizada por la empresa. Y por eso, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a este periódico, han decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Desde la concesionaria entienden que la anulación de ese acuerdo, que suspendía a su vez la cláusula firmada en junio de 2015 por el entonces gerente de Valdecilla, César Pascual (en ella se ampliaba el plazo dado antes de activar el mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento), supone que aquella polémica resolución sigue siendo ejecutiva y que, por tanto, la base legal sobre la que se empezaron a aplicar las deducciones (la mayoría centradas en el servicio de limpieza) desaparece.
En la demanda, la empresa había argumentado que «no hay un interés público en juego que pueda resultar afectado y requiera la medida de suspensión para salvaguardarlo». Al darle la razón la Sala de lo Contencioso sobreentiende que se le han deducido 2,2 millones de euros desde noviembre de 2016 sin haberse probado que era lesiva para los intereses públicos, que era el argumento esgrimido desde la Administración para proceder a la impugnación de la moratoria de César Pascual.
No obstante, en este tiempo, Smart Hospital también ha recurrido mes a mes las penalizaciones impuestas, hasta acumular 30 pleitos pendientes en la actualidad.
Cabe recordar que existe una segunda sentencia, ésta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que reconoce la lesividad de la cláusula de César Pascual, pero está fechada el pasado mes de febrero. Y de hecho, la Consejería de Sanidad, que no contempla la posibilidad de la devolución de esos dos millones de euros ya deducidos a la adjudicataria del contrato de Valdecilla, interpreta que la cancelación de esa resolución -el SCS no supo de ella hasta octubre de 2016- impidió sancionar a la empresa otros dos millones de euros adicionales, que es el cálculo a ojo que hace la consejera, María Luisa Real, teniendo en cuenta las deducciones aplicadas realmente en los dos años siguientes.
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