El Gobierno reformará dos de sus edificios vacíos para agrupar las consejerías del PSOE

El Ejecutivo cántabro gasta cada año 8 millones de euros en arrendamientos pese a que posee 81 inmuebles, locales y garajes solo en Santander, según los datos publicados en el Portal de Transparencia. Por eso, la directriz fue acercar las direcciones generales a sus consejerías, pero aprovechando los edificios en propiedad vacíos y sin uso, no pagando nuevos alquileres.

El PSOE estaba dispuesto a hacer una mudanza en profundidad de sus sedes. El vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha reconocido a miembros de su partido y del Gobierno que no se encuentra demasiado cómodo en la sede de Peña Herbosa, donde también tiene su despacho el presidente, Miguel Ángel Revilla, y la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández. El líder socialista quería agrupar las cuatro consejerías controladas por su partido en un solo edificio, sin estar obligado a compartir salas de reunión y ascensores con el PRC. Y se fijó en el que acoge la nueva aceleradora de empresas del Parque Científico. La idea, evidentemente, no cuajó porque suponía desmontar un proyecto de Industria y Sodercán que ya estaba en marcha.

Los socialistas miraron entonces al inmueble de la calle Lealtad que albergó la Dirección General de Medio Ambiente la pasada legislatura. Un edificio que le cuesta 413.412 euros anuales de alquiler al Gobierno. Pero también se desechó porque el PRC tenía otros planes para él. Medio Ambiente se trasladará al Pctcan, donde está la Consejería de Desarrollo Rural, a la que ahora pertenece, y será Cantur la que fije su sede en Lealtad.

Pero esta mudanza no será nada sencilla. Hay quienes ven muchos inconvenientes en mover el Centro de Proceso de Datos (CPD) de Cantur, un sistema de protección informática independiente del que tiene el Gobierno, y que el pasado abril sufrió el mayor ciberataque de su historia. Piratas informáticos infectaron los servidores de la empresa pública y bloquearon decenas de miles de documentos con información sensible. Desde las nóminas de sus más de 400 empleados a los contratos firmados en los últimos 50 años, entre otros. Su traslado encarecería considerablemente la mudanza.

Así que Zuloaga seguirá trabajando, en principio, desde su despacho de Peña Herbosa, aunque sí verá acercarse allí los departamentos que controla y que ahora están más dispersos. El Ejecutivo tiene en propiedad un edificio en la calle Valliciergo, de dos plantas y 653 metros cuadrados, que albergó los juzgados de lo Contencioso-Administrativo hasta que fueron trasladados en 2015, durante el mandato del PP, al edificio Europa de La Albericia, dentro de un plan de reordenación de espacios públicos que supuso un ahorro de 16 millones de euros, según informó en su día el Gobierno de Ignacio Diego.

El inmueble requiere una reforma interior importante antes de acoger las direcciones generales de Cultura, Igualdad, Cooperación y Memoria Histórica, todas ellas de la cartera que gestiona Zuloaga. También necesita una rehabilitación que retrasará la mudanza unos meses el inmueble de la calle del Sol, de 675 metros cuadrados repartidos en tres plantas y sótano, donde instalará su despacho la consejera de Empleo y Políticas Sociales, que ahora se las apaña compartiendo espacios en Castelar con la dirección general de Administración Local y la de Igualdad.

Aunque Ana Belén Álvarez se traslade a Sol, las dependencias de Trabajo se mantendrán en el Palacio Macho -donde está Economía- y que cuesta 726.000 euros de alquiler cada año a las arcas públicas. Y los servicios sociales del Icass no se moverán del edificio de General Dávila, propiedad del Ejecutivo pero por el que se pagan 882.681 euros anuales, debido a que se eligió la financiación estructurada para construirlo. Esta situación especial la comparte con la sede de la Consejería de Obras Públicas, ubicada en la Casa del Mueble, en la calle Alta. También es propiedad del Ejecutivo pero todos los años -hasta 2024- le supone un desembolso de 1,1 millones de euros. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Consejería de Presidencia es la reorganización de las sedes judiciales después de descartar el proyecto de unificarlas en el convento de Las Clarisas de la calle Alta. Su declaración como Bien de Interés Cultural no permite aumentar la volumetría del edificio y, por tanto, obliga al Gobierno a buscar otras soluciones.

Una de ellas es despejar todo el ala de Las Salesas ocupada ahora por el área clínica del Instituto de Medicina Legal. Este servicio se trasladará a la segunda planta del edificio de la Avenida Pedro San Martín, el antiguo tanatorio de Valdecilla, donde ya se encuentra el departamento de autopsias.

En el listado de los edificios propiedad del Gobierno cántabro hay pocas sorpresas en la cabeza del ránking. El Hospital Valdecilla es con diferencia el que tiene más valor catastral (241,3 millones de euros), seguido por el Palacio de Festivales y el solar anexo que se utiliza para aparcamiento en superficie (29,3 millones). La Residencia La Pereda tiene un alto valor (28,2 millones) pese a que al Gobierno le costó sangre, sudor y lágrimas librarse de ella. Siete años estuvo cerrada -con 90.000 euros de gastos de mantenimiento anuales- y sin comprador hasta que una empresa privada la alquiló por 28.120 euros al mes con una opción de compra de 6,6 millones. De momento, la restauración está en marcha con la idea de reabrirla el año que viene.