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El Gobierno regional ha completado el desarrollo de la Ley de Transparencia con la aprobación del decreto que regula algunos aspectos de la normativa que publica hoy, jueves, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que entrará en vigor dentro de tres meses, para ... dar tiempo a adaptar el portal de transparencia.
La consejera de Presidencia, Paula Fernández, que ya anunció la pasada semana la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno y la actualización del portal en la presentación de los presupuestos de su departamento, ha destacado hoy en rueda de prensa, que, de esta forma, Cantabria se convierte en la segunda comunidad autónoma en completar el desarrollo de su Ley de Transparencia.
Fernández, que ha estado acompañada por la directora general de Servicios y Participación Ciudadana, Alicia Solar, ha reivindicado el esfuerzo realizado por el Gobierno de Cantabria para desarrollar una ley que data de 2018 antes que el resto de comunidades autónomas con leyes aprobadas con anterioridad.
Y ha subrayado que esto se verá completado el próximo ejercicio con el decreto de creación del buzón electrónico de denuncias contra la corrupción y la elaboración de una nueva ley autonómica de participación ciudadana.
El año pasado, según datos facilitados por la consejería, el Gobierno de Cantabria recibió 43 peticiones de información, mientras que se presentaron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 19 reclamaciones, once menos que un año antes.
La consejera ha explicado que, entre otros aspectos, el decreto de Transparencia regula la creación de las unidades de información en cada consejería, dependientes de las secretarías generales, que, según han precisado, ya están funcionando gestionadas por empleados públicos.
Igualmente, se refuerzan las garantías de la ciudadanía en su derecho al acceso a la información pública, dado que se detallan y se aclaran los plazos y las causas de inadmisión previstas en la ley, además de los sujetos que deben facilitar la información.
Así, según ha indicado, solo por unas causas previstas legalmente en este decreto se puede limitar total o parcialmente el derecho de acceso a la información (por ejemplo, procedimientos que están en curso, que requieran una previa reelaboración, que sean peticiones repetitivas, abusivas…), pero, «todas ellas deberán quedar debidamente motivadas y justificadas», ha aclarado.
Por otro lado, el reglamento simplifica y agiliza el procedimiento de acceso a la información pública, que, como norma general, es de un mes desde la presentación de la solicitud.
Ahora, en el nuevo reglamento se concreta cómo solicitar la información, ante quién y los plazos estipulados en cada caso, así como el modo de recurrir ante una denegación o inadmisión de la información solicitada ante el Consejo de Transparencia estatal.
En cuanto al régimen sancionador, el nuevo decreto determina los órganos competentes para la instrucción y la imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, que correrá a cargo del Consejo de Gobierno en caso de faltas muy graves o, en todo caso, cuando el alto cargo tenga condición de miembro del Gobierno, director o secretario general.
También introduce los criterios de aplicación de las infracciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, por ejemplo, lo que se entiende por falta de colaboración y veracidad de la documentación pública, entre otros, de cara a facilitar su aplicación.
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Fernández ha recordado que la tipificación de las infracciones y las sanciones, que pueden alcanzar los 12.000 euros en casos muy graves, se incluyen en la ley de transparencia autonómica, lo que supuso un importante avance dado que la norma estatal no prevé ningún régimen sancionador, ha añadido.
La consejera ha resaltado, además, que la entrada en vigor de este decreto supondrá introducir importantes mejoras en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de ampliar la información pública y mejorar las posibilidades de consulta de la ciudadanía.
En concreto, en los próximos tres meses, que es plazo demorado en el que entrará en vigor la norma, el portal se adaptará a las nuevas obligaciones de publicidad activa.
Hasta el momento, según ha detallado Solar, se han introducido mejoras de diseño y de estructura, pero, sobre todo, de simplificación de su uso. Se ha rediseñado su estructura para hacerla más directa y accesible, ha agregado.
El portal de Transparencia también ampliará la información respecto a apartados que ya figuraban anteriormente, como es el caso del registro público de contratos, cuentas bancarias, solicitudes de información más frecuentes, bienes inmuebles en propiedad o sobre los que se tiene algún derecho real, gestión del empleo público y convenios laborales, junto al inventario de entidades del sector público institucional.
Además, incrementará sus contenidos, como, por ejemplo, con los estudios demoscópicos, sociológicos y de opinión que se realicen, información estadística en formatos accesibles y reutilizables e información sobre políticas sociales y de discapacidad, ha concluido.
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