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Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga tras llegar al poder fue cumplir una de sus grandes promesas electorales: la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para volver al régimen anterior -el que estuvo ... vigente desde la etapa de Ignacio Diego y durante una década- y permitir de nuevo la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos rústicos de forma generalizada. Con el apoyo del empresariado y de la gran mayoría de alcaldes de la región y el rechazo frontal de colectivos proteccionista y de los partidos de la izquierda, aseguró que esta modificación no supondría un menoscabo para el patrimonio natural de la comunidad autónoma porque para que estas edificaciones lograran licencia tenían que cumplir una serie de exigencias -muchas menos que con la normativa anterior-. Y, sobre todo, que no supondría una proliferación de urbanizaciones en las zonas rurales de Cantabria porque las autorizaciones se limitaban a viviendas unifamiliares. Doce meses después de la entrada en vigor de esa modificación, parece que el Gobierno regional tiene otros planes y abre la puerta a que también sean legales las promociones residenciales en rústico.
Este segundo retoque -aunque sustancial en su contenido- de la Ley del Suelo se está tramitando no de forma individual, sino dentro de la Ley de Simplificación que está ahora en el Parlamento tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno. En concreto, lo que pretende es modificar la regulación sobre los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR), la figura urbanística que se utiliza para impulsar proyectos empresariales relevantes en suelo rústico o protegido. Por ejemplo, se ha recurrido a la figura del PSIR para el desarrollo del centro logístico de La Pasiega en Parbayón.
Si sale adelante la Ley de Simplificación tal y como la redactó el Gobierno cántabro, será posible incluir dentro de los PSIR «usos residenciales». Es decir, que permitirá en ellos la vivienda libre. Hipotéticamente, con la redacción actual, se podría haber reservado parte del suelo de La Pasiega para levantar una urbanización, algo ahora prohibido. Como salvedad, sí se precisa que el 30% de las viviendas que se construyan en esos casos tienen que ser de protección oficial. Es el mismo porcentaje que la ley ya exige reservar en cualquier desarrollo urbanístico que se haga por el procedimiento ordinario en suelo urbanizable. Con la norma ya se podría crear un PSIR para construir vivienda cuando exista interés general, pero siempre que el 100% de las residencias sean de protección oficial.
«¿Este es el pelotazo que nos quiere meter el Gobierno? Es gravísimo que se pretenda modificar una cuestión tan importante de esta manera», afirmaba ayer el portavoz del PRC, Pedro Hernando, durante la Comisión del Parlamento que estudia la Ley de Simplificación, en la que también lamentó que la norma va a modificar, en ese intento de avanzar en la simplificación, hasta 98 artículos de leyes urbanísticas, ambientales y sobre el uso del a gua. «Si esto no se aclara, estaremos ante el escándalo de la legislatura», insistía el regionalista dirigiéndose al director general de Urbanismo, Víctor Gil, que ayer compareció en esa comisión.
Gil no negó que se abra la puerta a las promociones residenciales en rústico, pero calificó la denuncia de Hernando de «sobreactuación». Y subrayó que los PSIR están sometidos a una declaración de interés general seria: «No es cualquier cosa. No es medio folio como en su época. Es muy difícil que pasen si no tienen interés general». Además, recordó que cuando estas figuras urbanísticas las impulsa un privado y no el Gobierno regional, antes de su aprobación, deben de pasar por el Parlamento. Pasar sí, pero la Cámara no tiene capacidad para frenarlas.
El proyecto de Ley de Simplificación cuenta con dos informes jurídicos contradictorios, uno del asesor jurídico de la Consejería de Presidencia, que asegura que varios artículos son «inconstitucionales» por invadir competencias del Estado o de los municipios, y otro de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, que no pone pegas. Ayer, en la Comisión que estudia el texto, explicó sus motivos el segundo, pero el PP impidió la comparecencia del técnico crítico que había solicitado el PSOE. Fernando José de la Fuente volvió a defender el anteproyecto y escuchó cómo desde PRC, PSOE y Vox le recriminaban que centrara su análisis en la inconstitucionalidad o no del texto y mucho menos en sus efectos. Sobre la ley, Vox lamentó que el documento hace todo menos simplificar y que reduce burocracia en temas urbanísticos y ambientales –aquí el PSOE echó en falta más comparecencias de expertos críticos–, pero no en asuntos como los Servicios Sociales, los que más afectan a la población.
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