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La Comisión Sectorial celebrada este miércoles no sirvió para aclarar las dudas en torno al acuerdo que ultiman el Gobierno central y el de Canarias sobre un nuevo modelo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas. Ese acuerdo, según ha ... trascendido, supondría que a Cantabria le tocaría albergar a 179 chavales, la sexta comunidad por el número total y la segunda si se atiende a criterios de población. Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad indican que ese asunto no se tocó en el encuentro. Hablan de «deslealtad institucional» del Ejecutivo de Sánchez. «Desde Cantabria –explicaron a este periódico– volvemos a reclamar lealtad institucional, información, coordinación y financiación. Porque no se nos puede pedir colaboración cuando nos quieren imponer decisiones unilaterales que no tienen en cuenta a las comunidades y de las que, encima, nos enteramos por la prensa». Reiteran, en este sentido, que Cantabria «será solidaria, por supuesto», pero siempre dentro de su «capacidad» y con un acuerdo que incluya «información, coordinación y financiación». Según datos ofrecidos a preguntas de este periódico, la región tiene actualmente 16 menores extranjeros no acompañados acogidos. Es una cifra que fluctúa con frecuencia (algunos de estos jóvenes, por ejemplo, tienen el objetivo de llegar a otros países de Europa y es habitual que intenten hacerlo). Y también fluctúan las ocho plazas libres que hay a día de hoy. El dato hay que tomarlo con cautela. Porque el Gobierno está trabajando para ampliar la cifra y porque no significa que ese sea el número máximo que podría acoger la comunidad, llegado el caso –con tiempo y coordinación para organizarse–.
«No se ha abordado la información publicada en prensa y no se ha trasladado nada a las comunidades autónomas», confirmaron fuentes del Gobierno regional sobre la Comisión. Se siguió el orden del día previsto, que sí trató el reparto de cuatrocientos menores extranjeros no acompañados (unos trescientos de Canarias y otros cien de Ceuta) en función de la normativa actual (no la que supondría el cambio que negocian el Gobierno central y el canario). De hecho, esto ya estaba contemplado y presupuestado para 2023. Queda por ver si lo que se dio a conocer a través de los medios estos días está entre los temas que se tratarán en la Conferencia Sectorial con los consejeros del ramo que se ha anunciado para la primera quincena del mes de mayo.
Las cifras que se manejan en ese posible nuevo acuerdo implican para Cantabria albergar a 179 niños y adolescentes, y recibir para su atención 9,66 millones de euros. El reparto, según publicó El País (que dio a conocer los detalles), tendría en cuenta criterios de población, renta, tasa de paro, esfuerzo previo en acogida de menores y dispersión poblacional. Desde Cataluña, por ejemplo, ya mostraron su desacuerdo con los cálculos. Aquí, sin entrar a valorar esos números, se habló de falta de información. «Se trata de una decisión unilateral que nos afecta a todos y que, por tanto, entendemos que requiere diálogo y coordinación. La política migratoria debe pactarse con todas las comunidades, no puede ser impuesta. El Estado tiene que escucharnos», expresan desde la Consejería ante lo publicado. Lo dijeron el martes y lo reiteraron este miércoles.
Todo, mientras el Gobierno central y el de Canarias avanzan en su acuerdo –una de las condiciones que puso Coalición Canaria para apoyar la investidura de Sánchez–. Antes de cerrarlo es necesaria una modificación de la Ley de Extranjería. Después quedarían detalles (si se hace mediante un real decreto-ley o a través de una proposición de ley, que afecta a la rapidez para que sea efectivo). El presidente canario, Fernando Clavijo, ya adelantó esta semana que espera que en septiembre esté todo listo. Esto supondría, de entrada, la salida de 2.350 menores extranjeros de Canarias y 150 de Ceuta, territorios que tienen sus servicios de atención a estos niños y adolescentes colapsados.
El asunto fue ayer uno de los más comentados. En Cantabria y en todo el país. Aquí rescató de la memoria el rechazo del Ayuntamiento de Camargo al proyecto de instalar un centro de refugiados en el antiguo psiquiátrico de Parayas. El Gobierno regional apoyó la decisión municipal, que propone otro uso para las instalaciones: un centro asistencial para mayores. Todo, teniendo en cuenta que Madrid advirtió de que se perdería una inversión de 30 millones (aunque el Ejecutivo regional dijo que en realidad eran 18,5). «España es muy grande y los refugiados se pueden acoger en muchos lugares del país, pero a los mayores y a las personas con discapacidad o con trastorno mental no les podemos mandar a otra comunidad», aseguró la presidenta Buruaga.
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