El Gobierno regional amplía los cargos frente al funcionario de Obras Públicas y su mujer

Una de las razones por las que la jueza ha tomado esta decisión es debido a que el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, ha ampliado los cargos respecto al que fuera jefe de Carreteras en la región, Miguel Ángel Diez, su mujer y administradora de Parivara Lagani, Beatriz del Río, la empresa ficticia con la que supuestamente blanqueaban las mordidas de los empresarios, y los responsables de Rucecan, Secundino Vidal Celis y Elías Celis.

Según han detallado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, el Ejecutivo ha detectado supuestas irregularidades en otros contratos en los que intervinieron tanto el funcionario como los responsables de Rucecan. Todo ello tras un análisis exhaustivo de las conversaciones que constan en el sumario y en las que los investigados hacen mención a ciertos contratos en carreteras.

Como consecuencia de la ampliación de la investigación acordada a instancia de la letrada del Gobierno de Cantabria, la instructora ha acordado una nueva declaración de Diez, su mujer, los hermanos Celis y el representante mercantil de Rucecan.

Por otro lado, las actuaciones se encuentran pendientes de otras seis testificales acordadas de oficio por la magistrada en atención al contenido del último informe emitido por la UDEF de la Policía Nacional de fecha 11 de marzo de 2025, y de otra testifical acordada a petición de la defensa del funcionario de Obras Públicas. Además, la jueza está pendiente de recibir una documentación de CajaViva-Caja Rural y del Ayuntamiento de Burgos.

Como se recordará, el 'caso Obras Públicas', en el que hay una decena de imputados, nace en la primavera de 2022. La Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación del jefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

La UDEF y Vigilancia Aduanera cifran en, «al menos, 1.523.637 euros» las supuestas 'mordidas' que habría recibido Diez por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas. Y sostienen que, entre los años 2019 y 2023, las «comisiones ilícitas» ascienden a 867.889 euros.