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El Consejo de Ministros aprobó el martes, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el anteproyecto de Ley ... Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que incluye medidas como la creación de los tribunales de instancia o la transformación de los juzgados de paz en las oficinas de justicia en los municipios, dotándolos de nuevas y distintas competencias, así como personal y recursos tecnológicos.
El Gobierno de Cantabria apoya esta ley, según manifestó la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, hace unos días tras presentar a la Junta Directiva de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) el Plan de despliegue de la aplicación informática Dicireg, que permitirá la digitalización de todos los registros civiles, simplificará los trámites administrativos y agilizará el sistema de atención ciudadana al poder realizar estos trámites por medios electrónicos.
Urrutia solicitó en ese encuentro la colaboración de los ayuntamientos de Cantabria, dado que este modelo, impulsado desde la Administración del Estado y en el que colabora el Ejecutivo cántabro, afecta también a los municipios de la comunidad autónoma. «Hay que tener en cuenta que los actuales 94 juzgados de paz se van a convertir en oficinas colaboradoras del Registro Civil y que las instalaciones y los medios instrumentales de los juzgados de paz están a cargo de los ayuntamientos, por lo que habrán de adecuarse a los requerimientos técnicos que impone el nuevo sistema», explicó la consejera de Justicia, quien defendió, por ello, que las tres administraciones públicas vayan «de la mano» en este importante proyecto.
La responsable autonómica de Justicia abordó con los responsables de la FMC los cambios que conllevará la futura Ley de Eficiencia Organizativa, que contempla la creación de las denominadas oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los actuales juzgados de paz, dotándolas de nuevas y distintas competencias, así como personal y recursos tecnológicos.
Según manifestó, es un proyecto que facilitará «una justicia más cercana, accesible en cualquier parte del territorio», lo que garantiza una «mayor cohesión territorial e igualdad de acceso a la justicia».
Además de las oficinas municipales, la aprobación de esta ley supondrá la puesta en marcha, de los tribunales de instancia y del nuevo diseño de oficina judicial, un compromiso con la Unión Europa, según recordó la consejera, que España «ha de cumplir al final de 2024».
Sobre este cambio ya se posicionó en su momento la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que considera que «la evolución que tienen que vivir los actuales Juzgados de Paz hacia las Oficinas de Justicia en los municipios supone una oportunidad excepcional para apostar por la modernización de la justicia en los Ayuntamientos, que deben ser agentes activos y cooperadores en el actual proceso de transición digital».
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, precisó el martes que se pasará de 3.800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en España. Esta medida permitirá igualar la carga de trabajo en todos los partidos judiciales y favorecerá que los jueces y magistrados puedan sacar adelante los procedimientos con mayor agilidad. Además, los criterios procesales serán comunes para todos ellos. Por su parte, las oficinas de justicia amplían las competencias que en la actualidad tienen los juzgados de paz y los servicios que prestan a los ciudadanos y garantizan los trámites procesales telemáticos.
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Ana del Castillo
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