El Gobierno regional baja un 55% la inversión en Renta Social Básica desde la implantación del IMV

El informe realizado por la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales remarca que solamente el 5,9% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza perciben estas ayudas -571.732 personas-, y su cuantía alcanza el 15,9% de la renta media por hogar en España. Un porcentaje que no para de reducirse desde el 2015, salvo en el año de la pandemia, que alcanzó su nivel más alto con un 8,7%. Si se traslada a la región, el 3,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza percibe una ayuda social, lo que significa un porcentaje muy bajo si se compara con otras comunidades como puede ser el caso del País Vasco, que presenta el mayor porcentaje de beneficiarios de la RMI con hasta un 51,2% de la población.

Asimismo, según advierten desde la asociación, en los últimos tres años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), «se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios y trece comunidades han reducido su gasto en Rentas Mínimas de Inserción». Cantabria ha pasado de destinar 31.694.697 euros, en 2020, a 14.219.785 euros, en 2024. Un contraste de cifras, visible, si se compara con las cuatro comunidades que han aumentado su presupuesto en rentas mínimas en los últimos cuatro años. Canarias (103%), Baleares (74%), Comunidad Valenciana (18%) y País Vasco (4%).

Desde 2020 se han reducido un 28,6% los perceptores de rentas mínimas en España, aunque en Cantabria esta bajada se magnifica y alcanza el 77% y se coloca así como la tercera comunidad con mayor descenso, por detrás de Andalucía, donde ha disminuido un 84%, y Madrid (90%) que cierra la clasificación.

«La renta social básica en Cantabria ha llegado a tener cuotas del 18% de cobertura -porcentaje de perceptores sobre población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza- en 2019 y al 2023 la han dejado en un 3,5%. Prácticamente lo han eliminado», subraya José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. «Han recortado el presupuesto y han dejado los beneficiarios de la renta mínima en Cantabria sin la inversión necesaria para poder complementar lo que haría el Ingreso Mínimo Vital».

La asociación hace hincapié en que muchas comunidades autónomas han destinado su «ahorro» en el presupuesto de rentas mínimas a otras cuestiones que no tienen que ver con los servicios sociales. «Solamente tenemos constancia de que en Castilla y León y Madrid han destinado ese ahorro a reforzar la asistencia social», añaden.

El Ejecutivo regional mantiene para este año la prórroga de la concesión de una prestación complementaria de la Renta Social Básica para hacer frente a los efectos económicos del alza de los precios de energía y suministros básicos, una medida impulsada en 2022 -con la invasión de Rusia a Ucrania- para paliar los efectos económicos derivados del alza de precios de energía y suministros básicos y en la que considera que debe prorrogarse ya que persiste la inflación de los precios, tanto del IPC como del IPC subyacente, lo que conlleva el incremento del riesgo de exclusión social de un sector de la ciudadanía. La prestación temporal supone un incremento que alcanza el 15% de la cuantía mensual reconocida que le corresponda percibir a las personas beneficiarias.

Desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales pretende asegurar unos ingresos mínimos a través de la Renta Social Básica de modo que se garanticen las necesidades básicas de las personas que no puedan acogerse al IMV. Asimismo, se garantizarán prestaciones complementarias, a los perceptores del IMV u otras prestaciones, hasta el nivel máximo que corresponda con el fin de superar la exclusión social y la desigualdad.