El Gobierno regional cerrará la legislatura sin sacar adelante once leyes en cartera

Las batallas internas dentro de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para hacerse con el poder han afectado directamente a la actividad de los partidos políticos con representación en la Cámara, retrasando algunos trámites imprescindibles. Por ejemplo, la decisión de Verónica Ordóñez de abandonar a los morados y forzar el paso de sus compañeros al Grupo Mixto hizo decaer prácticamente todas las leyes que presentaron: Arbolado Urbano, Renta Social Básica, Fracking y Derecho a la Vivienda. Sólo se ha salvado de la criba la de Vivienda Protegida porque la presentaron junto con el PSOE.

En estos momentos están pendientes varios proyectos importantes impulsados por el Gobierno de Cantabria que no se podrán materializar. Se han iniciado los trámites parlamentarios o se han anunciado dentro de su plan normativo la Ley de Control Ambiental, la Ley de Garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, la Ley de Protección y Bienestar Animal, la Ley del Suelo, la de Ordenación del Territorio, la de Renta Social Básica (impulsada por el bipartito y al margen de la de Podemos), la del Instituto Parlamentario, la de Pesca Marítima, la de Memoria Histórica, la de Mecenazgo Cultural y la de Actividades Físicas.

Ninguna de estas saldrá adelante, según apuntan desde el Parlamento, por «falta del tiempo». Pero algunas de las normas se han quedado en suspenso por una clara voluntad política. La nueva Ley del Suelo o el PROT prometía convertirse en el legado estrella de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, esta legislatura, junto con el importante impulso a la nueva Renta Social Básica, que preveía aumentar hasta los 500 euros los ingresos de los usuarios. Sin embargo, a la filosofía urbanística de los socialistas no le ha hecho falta llegar al Parlamento para encontrar detractores. Sus socios regionalistas no comparten el espíritu del documento, ni les gusta el extenso articulado ni las restricciones implantadas para el suelo rústico, por ejemplo.

El último conflicto en estallar ha sido la ley LGTBI. Tanto regionalistas como Ciudadanos han pedido más de una treintena de comparecencias públicas lo que, de facto, hace inviable que salga adelante esta norma. Izquierda Unida y Alega (la Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Cantabria) han denunciado esta semana el bloqueo de la tramitación. Pero no es el único impedimento. Para sacar adelante esta cuestión o la de Igualdad, que se espera aprobar en marzo, es necesario que se renueve la mesa de la Comisión de Universidades e Investigación, que presidía la diputada de Podemos Verónica Ordóñez hasta que hace unos días abandonó el grupo parlamentario por discrepancias con sus compañeros de filas.

Al margen de ellos están las proposiciones de ley que han registrado las diferentes fuerzas políticas, muchas de ellas pendientes de pasar por el pleno, aunque no llegarán antes de que termine el periodo de sesiones. Eran cerca de una decena antes de la disolución del grupo parlamentario de Podemos. Ahora quedan hábiles la ley de Bandera de Cantabria, que acaban de presentar Alberto Bolado y José Ramón Blanco; la de Coordinación de Policías Locales, de Juan Ramón Carrancio; Protección de los Denunciantes de Corrupción; y la modificación de la Ley del Suelo para incluir normas urbanísticas transitorias, que mantiene viva el PP aunque la tiene en 'stand by'.

A fecha del 4 de febrero, también había dos comisiones de investigación pendientes, que a las formaciones no les ha interesado mover, como son la de Valdecilla y la de los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS); 29 proposiciones no de ley pendientes, y 40 preguntas escritas.