El Gobierno regional dará ayudas al transporte al finalizar la bonificación del diésel

Los profesionales del transporte de la región seguirán contando con subvenciones «extraordinarias y directas» pese al fin de la bonificación del diésel el próximo mes de enero. Así lo aprobó este lunes por unanimidad el Parlamento a través de una proposición no de ley (PNL) llevada al Pleno por el PRC. Además, el Gobierno regional se compromete a pagar antes de final de año al sector del transporte de viajeros por carretera los 3,4 millones pendientes del presente ejercicio.

Los camioneros dejarán de tener el combustible bonificado en 2024, pero a cambio recibirán una compensación al poder optar a diferentes ayudas «para mejorar la seguridad, la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad». Una medida que, según afirmó el portavoz del PP, José Antonio Alonso, «ya estaba contemplada». Los Presupuestos recogen 7,1 millones para este fin: 5,8 millones para la adquisición de vehículos de bajas emisiones y modernización del parque y ayudas por más de 1,3 millones para la modernización de los sistemas de gestión de flotas.

El PRC celebró el apoyo del PP a una medida «que ya está implantada en el País Vasco», Vox la consideró «un mal remedio» al no poder beneficiarse todos los profesionales y el PSOE animó al Ejecutivo a que ponga en marcha esta batería de ayudas independientemente de las que pueda poner en marcha o no el Ejecutivo central.

El asunto de las pantallas digitales tuvo también protagonismo. El PP se defendió de las acusaciones y afirmó que «es falso que la Consejería de Educación haya detraído pantallas digitales de la educación pública para dárselas a la concertada». La decisión de no repartirlas, aseguró Álvaro Aguirre, no implica que se redirijan a los centros concertados. «No son decisiones ligadas, sino que se han tomado en paralelo», aseveró. El proceso, continuó, «no ha finalizado» y apoyó la posición del consejero Sergio Silva de no entregarlas a los alumnos de Infantil y de primero de Primaria «por las evidencias científicas» que invitan a frenar la sobreexposición.

En otro orden de cosas, el Pleno también sirvió para que el PP sacase adelante la creación de una comisión de trabajo, en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), para estudiar «el gravísimo problema de la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria». También instó al Gobierno regional a que pida a su vez al Central que endurezca en las Cortes Generales la legislación que lo regula.

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