El Gobierno regional duplica la multa a los pisos turísticos ilegales, que podrá alcanzar los 75.000 euros

Lo que ha hecho su sucesor, el también popular Luis Martínez Abad, es dar un paso adelante y modificar el régimen sancionador para hacer frente a los pisos turísticos ilegales sin esperar a aprobar el nuevo decreto. De hecho, la actualización de las multas es profunda, duplicando las cuantías y, en algunas casos, incrementándolas hasta un 150%, de tal forma que en los casos más graves el importe a pagar por los incumplidores podría alcanzar los 75.000 euros, frente a los 30.000 euros actuales.

Lo ha hecho modificando la Ley de Ordenación del Turismo de Cantabria, que data de 1999, a través de la Ley de Medidas Fiscales que acompaña al Presupuesto de 2025, que salió adelante el 20 de diciembre con los votos de PP y PRC. Pese a que el documento presupuestario se presentó a finales de octubre, que cada uno de los consejeros ha explicado los principales aspectos de su departamento y a los sucesivos debates que han tenido lugar en el Parlamento, este aspecto no había salido a relucir hasta ayer, cuando el Ejecutivo regional informó de su decisión a través de una nota de prensa. De esta forma, el nuevo sistema de sanciones entrará en vigor mañana, 1 de enero, y afectará no solo a las viviendas de uso turístico ilegales, también al resto de supuestos que recoge la ley turística.

«Sanciones más altas y más inspectores son medidas que dejan claro el interés que tiene este Gobierno por poner fin al problema de las viviendas de uso turístico que funcionan fuera de la ley, medidas disuasorias para que cualquier persona que pretenda escapar de la legalidad se lo piense dos veces porque vamos a ser inflexibles en ese terreno», asegura Martínez Abad.

La estadística oficial evidencia que el problema no esta tanto en la cuantía de las sanciones, sino en el número de expedientes sancionados que se ponen en marcha. Durante 2023 fueron 18 multas y, aunque las cifras han aumentado a lo largo de 2024 -hasta el mes de septiembre había otras 66-, resultan anecdóticas teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en Cantabria existen alrededor de 5.000 viviendas de este tipo sin dar de alta. De ahí que el consejero ponga el acento en el incremento del número de inspectores. El mismo acuerdo presupuestario entre populares y regionalistas recogía el compromiso de duplicar también el número de profesionales en este ámbito. El PRC reclamó que se pasara de los cinco inspectores actuales a diez. Además, en cumplimiento de este acuerdo, la Consejería de Turismo también promete contratar a un administrativo para facilitar el trabajo.

Respecto al régimen sancionador que entra en vigor mañana, recoge tres tipos de infracciones: las leves estarán entre los 250 y los 1.500 euros -antes eran de 100 a 600 euros-, las graves, entre los 1.500 y 15.000 euros -antes eran de 600 a 6.000 euros-y las muy graves estarán entre los 15.000 y los 75.000 euros, frente al máximo de 30.000 euros con la anterior tabla.

En lo relativo a los pisos turísticos ilegales, hay que fijarse en el último tipo de infracciones -las muy graves- porque los principales supuestos se enmarcan en esta categoría. Por ejemplo, la «realización de una actividad turística sin haber presentado la declaración responsable o sin haber obtenido la autorización administrativa», el supuesto más común. Será infracción muy grave cuando, aun habiendo presentado dicha declaración, «existieran inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la misma o en la documentación que se acompañe». También los incumplimientos respecto a la normativa sobre prevención de incendios.

Más allá de las multas, sobre el decreto, la nueva previsión es que esté aprobado en junio de 2025, tal y como aparece también en el pacto PP-PRC a petición de los regionalistas. Habrá que ver cuánto cambia el texto definitivo respecto al borrador tras recibir casi 60 alegaciones de colectivos y particulares y tras el descontento generalizado que provocó la primera versión. En cualquier caso, aunque los populares califican de «problema» la proliferación de viviendas turísticas ilegales, entienden que el incremento de los precios del alquiler no se debe a estas situaciones, sino a la política de vivienda del Gobierno central.