El Gobierno regional no ha finalizado la auditoría del 'caso Obras Públicas' catorce meses después

Sin embargo, los interventores de la Consejería de Economía, encargados de analizar de forma exhaustiva los contratos de carreteras de los últimos cuatro años y de forma aleatoria los de los últimos veinte años, apreciaron un perjuicio económico que «tiene una cuantía significativa, si bien la determinación exacta de su importe requiere de un trabajo más exhaustivo».

Ocho meses después de esa comparecencia y más de un año desde que comenzó la auditoría, lo cierto es que no hay unas conclusiones definitivas. Y eso, a pesar de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, avanzó durante el primer Debate sobre el Estado de la Región celebrado en junio que en agosto, «como tarde», estaría listo, al menos, el informe provisional.

Pues bien, según han detallado a este periódico fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, la Intervención General ya ha concluido dicho informe provisional y lo ha remitido a la Consejería de Fomento (denominada de Obras Públicas en la pasada legislatura) para que realice alegaciones si así lo estima oportuno. Para ello dispondrá de un plazo de quince días. Con esas consideraciones, si las hubiera, la Intervención General tendrá que redactar un nuevo documento, el informe definitivo, que será el que finalmente se exponga en el Parlamento regional, tal y como acordaron los distintos grupos políticos con representación en la Cámara.

Desde el Ejecutivo regional no dan una fecha aproximada sobre cuándo estará acabada la auditoría. «Es un trabajo complejo que lleva tiempo».

De forma paralela, la investigación judicial por esta causa sigue su curso. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, que seguirá contando hasta diciembre con el refuerzo de un funcionario, ha tenido que acordar esta semana una nueva prórroga de otros seis meses (la tercera), hasta el 1 de abril de 2025, debido a que quedan pendientes de practicar algunas diligencias.

Desde el pasado 19 de septiembre hasta el 1 de octubre, han desfilado por el complejo judicial de Las Salesas los investigados: el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, su esposa Beatriz del Río y sus hijas Cecilia y Sofía; y los empresarios Secundino y Elías Celis (Rucecan), José Saiz (Cannor y La Encina), y José Luis Blanco y Jaime del Valle (Api Movilidad e Imesapi), y Ricardo Fernández (Senor). También los representantes legales de las empresas implicadas, que figuran como investigadas en el proceso.

Todos ellos han comparecido ante la instructora después de que se conociesen las conclusiones del informe definitivo de la UDEF y Vigilancia Aduanera, que cifran en, «al menos, 1.523.637 euros» las supuestas 'mordidas' que habría recibido el entorno familiar del funcionario de Obras Públicas por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas.

Como ya avanzó este periódico, durante las dos horas de comparecencia, en la que solo contestó a las preguntas de su abogado, el fiscal y la magistrada, el funcionario defendió su inocencia a capa y espada. Y quiso desviar la atención: «Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco». En la línea de lo poco que se ha conocido de la auditoría que está realizando el Gobierno, Diez defendió que todas las licitaciones en las que ha intervenido se han realizado «conforme a la ley» y que él «no decidía» a quién se adjudicaba cada contrato.

Además, negó haber cobrado pagos de procedencia ilícita. Es más, aseguró que el dinero que conforma su patrimonio «procede de los trabajos técnicos que ha realizado al margen de su puesto de funcionario y de los negocios inmobiliarios de su mujer». Extremo que confirmó después su mujer, al asegurar que el dinero que tienen procede de «los negocios familiares» y «mis bienes propios». Además, tanto ella como sus dos hijas aseguraron que la supuesta empresa fantasma para blanquear el dinero tenía actividad y era real. «También se sacaban documentos en pendrive pero no sabíamos nada de ellos porque era cosa de Miguel Ángel», afirmó Del Río, que, al igual que sus dos hijas, negaron cualquier responsabilidad penal.

En sesiones posteriores, los constructores investigados –salvo el de La Encina que no ha querido declarar– han confirmado la versión del funcionario, descartando el pago de mordidas, y defendiendo que los concursos públicos en los participaron fueron «lícitos» y «libres», y «se cumplieron todos los requisitos que marca la ley».

La última comparecencia, que tuvo lugar el pasado martes, fue la de uno de los dos peritos de la defensa que han elaborado dos informes en los que justifican la procedencia del patrimonio del funcionario y su familia. Además de señalar que ese dinero procede de los negocios inmobiliarios de la familia y de trabajos que realiza Diez a parte de su cargo de funcionario, el documento también dice que se acogió a la «amnistía fiscal».

A la espera de que se practiquen dos declaraciones que han quedado pendientes, la jueza apunta en el auto de prórroga de la instrucción que las defensas han anunciado la futura aportación a la presente causa de diversos informes periciales, tanto económicos como relativos a los expedientes administrativos que están siendo investigados a la vista del contenido del informe final emitido por la UDEF y Vigilancia Aduanera, de ahí que haya ampliado el plazo estipulado de la fase de instrucción.