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No es la primera vez que el Ministerio de Fomento plantea la posibilidad de que las autovías gratuitas del país dejen de ser de libre acceso e incorporen un pago 'simbólico' que «asegure su conservación y buen estado». Una cantidad que tendrían que abonar ... todos los usuarios cada vez que transitasen por estas carreteras y que, en principio, no superaría la décima parte de lo que se paga actualmente de media en las autopistas de peaje de España. El escenario, que desde Fomento insisten en que no es definitivo y que debe estudiarse con detenimiento y a largo plazo, no ha gustado en Cantabria, la única comunidad autónoma junto a Extremadura que no tiene ninguna autovía con peajes en su geografía.
La idea de tener que pagar por utilizar las vías de alta capacidad que atraviesan la comunidad autónoma, por muy bajo que sea el precio, no ha gustado ni en el Gobierno regional ni entre el sector de los transportistas. Todos coinciden en que los impuestos que pagan religiosamente los ciudadanos deberían ser suficiente para hacerse cargo del mantenimiento y la conservación de estas calzadas. En Cantabria, de los 2.566 kilómetros de carreteras existentes, 258 son de autovías: la A-67, de Santander a Mataporquera, la A-8, de Unquera a Castro Urdiales, la S-10, de Santander a Solares, la S-20, de Bezana a El Sardinero y la S-30, de San Salvador a Peñacastillo. Junto a Extremadura, son las dos únicas comunidades autónomas de España que carecen de peaje alguno en sus autovías. Algo poco común porque, en el resto del país, más del 20% de los tramos de estas vías tienen algún tipo de tasa.
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euro costaría ir y volver de Torrelavega a Santander por autovía si se cumpliera la estimación de Ábalos, que considera que el precio sería una décima parte del habitual en una de peaje. El precio medio es de 4,5 euros por 25 kilómetros.
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proyectos se han redactado para construir autopistas de pago en Cantabria: una que uniría Santander con Bilbao, un tramo de la A-8 y la Dos Mares (Reinosa-Miranda de Ebro).
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Autovías. En Cantabria, de los 2.566 kilómetros de carreteras nacionales, 258 son de autovías. Se reparten por la A-67, de Santander a Mataporquera; A-8, de Unquera a Castro Urdiales; S-10, de Santander a Solares; S-20, de Bezana a El Sardinero, y S-30, de San Salvador a Peñacastillo.
El presidente del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, es contundente en su oposición al cobro 'simbólico' para el tránsito por estas vías de alta capacidad. «Estoy en contra totalmente. Las autovías que tenemos se han pagado con los impuestos de los ciudadanos y su mantenimiento se realiza igual que la del resto de las carreteras, con cargo a esos mismos impuestos. No estamos en absoluto de acuerdo con que se cobre por unas vías que están ya pagadas y cuya conservación entra dentro de las competencias de la comunidad autónoma pertinente, del ayuntamiento o del Estado, que está obligado a hacerlo sin exigir pagos a mayores». Unas palabras que también suscriben desde Vicepresidencia, a pesar de que Pablo Zuloaga pertenece al mismo partido que el Gobierno central en funciones. «Todavía se desconoce si es una propuesta o si el asunto va a debatirse. Es un tema que está muy abierto pero, de todos modos, no queremos que haya peajes en Cantabria».
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, habló en noviembre pasado de la posibilidad de cobrar por utilizar las autovías gratuitas del país, sin profundizar más; en esa ocasión, aseguró que se esperaría a que finalizasen todas las concesiones que están en vigor para poner en marcha la medida. Pero este lunes añadió más información: esta vez, en referencia al posible precio, indicó que se situaría en torno a la décima parte de lo que se abona en una autopista de peaje. El precio medio en este tipo de vías, para un vehículo ligero, es de 4,5 euros por 25 kilómetros. De modo que si entre Torrelavega y Santander hay 27 kilómetros, cada usuario tendría que pagar casi cincuenta céntimos cada vez que hiciera ese recorrido por la A-67. Y un euro si se realiza el tramo ida y vuelta.
Al presidente de la Asociación de Empresas de Transporte en Cantabria (Aetrac), Gerardo Pontón, le parece increíble que los conductores tengan que aportar aún más por utilizar las carreteras. «Bastante se paga en impuestos como para que nos cobren también cada vez que utilizamos las autovías. Los transportistas estamos totalmente en contra de esta medida porque nos desplazamos continuamente por estas vías y bastante pagamos ya, un dinero que se supone que se destina, en parte, a la conservación de las carreteras. Encima, quieren que desembolsemos más cantidad».
La opinión es compartida por el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasan), Vicente González. «El transporte es un sector que contribuye, en un porcentaje muy alto, a la recaudación de impuestos en este país. Hablar de la posibilidad de incluir, además, una pequeña tarifa cada vez que se acceda a una autovía nos suena un poco a cuento y a maniobra de distracción». Apunta que en Madrid «deberían dedicarse a intentar formar Gobierno» en lugar de anunciar posibles medidas que se desconoce si entrarán en vigor o no. «Ya contribuimos de manera suficiente. Me atrevería a decir que, con una tercera parte de lo que aporta el transporte a las arcas del Estado tendríamos autovías mucho mejor conservadas de lo que las tenemos. Igual que todos contribuimos para mantener el sistema sanitario, lo usemos o no, con esto pasa lo mismo. Luego, el Gobierno se jacta de ser muy solidario. Estamos muy hartos ya». González pone de ejemplo a Portugal, donde existe una medida similar desde hace «ocho o nueve años», y «ha sido un fracaso». Además, «allí se han incrementado los siniestros en carreteras convencionales» porque los ciudadanos, por no usar las vías de pago, «vuelven a utilizar las secundarias».
Aunque Cantabria no tiene ningún tramo de carretera con peaje, hubo tres intentos de imponerlo que no salieron adelante. El último caso afectaba a la autovía del Cantábrico. En concreto, al último tramo que faltaba para que la A-8 estuviera completa, el que une Solares y Torrelavega, que se libró de la tarifa en el último momento. Prácticamente al final de la legislatura 2000-2004 el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, sacó a licitación el proyecto como autopista de pago, pero ninguna empresa se presentó. Su sucesora en el cargo, Magdalena Álvarez, retomó la idea de que fuera una autovía gratuita para sacarla adelante.
Zacarías Grande, profesor de la Facultad de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, opina que si ocurrió así fue porque las constructoras vieron que no sería rentable que la vía fuera de pago. Un argumento que encaja con las palabras de González sobre el posible aumento de tráfico en carreteras convencionales, más proclives a sufrir accidentes de tráfico que las autovías. «Sería complicado obtener rentabilidad porque, en comparación a otros lugares como Madrid o Barcelona, el número de vehículos en carretera es pequeño», considera Grande. EnCantabria, la mayoría de los viajes que se realizan son de pocos kilómetros, por lo que serían los propios habitantes de la región los que asumirían la mayoría de los pagos de las autovías, que coincidirían con trayectos cortos que, en muchos casos, se realizarían varias veces al día (como acudir al lugar de trabajo).
Los otros dos intentos de construir autopistas con peaje en Cantabria se remontan a finales de los ochenta y a principios de los 2000. La conexión entre Santander y Bilbao iba a ser de pago –excepto el puente que transita sobre el Nervión– y en 1976 se adjudicó y comenzó la construcción. El acuerdo entre el Estado y la empresa se rescindió de mutuo acuerdo por la crisis del petróleo de 1979. Después, entró en el Plan de Carreteras 1984-1991 del Gobierno como autovía gratuita.
El tercer proyecto que se puso sobre la mesa fue la posibilidad de construir una vía, llamada Dos Mares, que conectase Reinosa con Miranda de Ebro (Burgos) y, posteriormente, con el Mediterráneo. El proyecto no llegó a ponerse en marcha porque la declaración de impacto ambiental fue negativa y hubo más de 5.000 alegaciones de población afectada y de grupos ecologistas.
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