El Gobierno regional tumba el parque eólico Cerro Airo

¿Motivos? La Dirección General entiende «que este proyecto, a la vista de la evaluación ambiental practicada, generaría molestias significativas a los habitantes de las localidades de Aldueso (Campoo de Enmedio) y Villapaderne (Campoo de Yuso), que se sitúan a menos de un kilómetro del lugar donde se prevén construir los aerogeneradores del parque eólico». Además –prosiguen en su explicación–, «el informe entiende que esas afecciones no pueden ser prevenidas, corregidas o compensadas con suficientes garantías, con las medidas propuestas por el promotor». O sea, que no hay solución.

El área de implantación prevista en el proyecto se localiza en el sector «centro-meridional de Cantabria», dentro de la comarca de Campoo-Valles del Sur, al norte del embalse del Ebro. Los aerogeneradores ocupan, según el planteamiento presentando por el promotor, «terrenos del monte Breñas y Peñía, dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, perteneciente al pueblo de Orzales, en Campoo de Yuso». Entre las afecciones que el informe prevé sobre la población, destaca las molestias derivadas de «actividades perjudiciales para la seguridad y salud durante la fase de construcción y un impacto moderado respecto a la contaminación lumínica y de ruido en la fase de explotación». Esas afecciones, precisan, se deben a la cercanía a esas dos localidades, que están a menos de un kilómetro de los aerogeneradores y en el caso concreto de Aldueso, a poco más de seiscientos metros.

Hasta el momento, seis nuevos parques han recibido el visto bueno medioambiental de las Administraciones, un paso decisivo –que no definitivo– para su puesta en marcha. Si ninguno se queda por el camino, la potencia eólica de Cantabria pasará, una vez en marcha, de 35,3 a 277,9 megavatios.

A los de El Escudo y Bustatur se incorporaron también las decisiones sobre los parques eólicos de Somaloma, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana, los cuatro proyectos a los que la dirección general de Biodiversidad dio su visto bueno ambiental en el día en que terminaba el plazo que impuso el Ministerio para la Transición Ecológica.