Revilla no cesará a Real y remite a Fiscalía el informe definitivo sobre el SCS

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), no cesará «de ninguna manera» a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), por las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) pese a que éstas han sido incluídas en el informe definitivo de la Intervención General, que el Gobierno PRC-PSOE ha remitido este lunes a la Fiscalía.

Así lo ha anunciado Revilla en el primer pleno del Parlamento del nuevo curso, en el que ha comparecido, a petición de los 'populares', para hablar de las responsabilidades políticas sobre estas supuestas irregularidades detectadas en el informe provisional de la Intervención y ahora confirmadas en el definitivo, las cuales, además, está investigando la Fiscalía tras haber sido denunciadas por PP e IU.

«No voy a cesar a la consejera de Sanidad (María Luisa Real) de ninguna manera porque hacerlo sería una injusticia absoluta» ya que «no hay nada» que apunte a que ha cometido delito.

Revilla, que ha asegurado que se ha leído «enterito» el informe tras recibirlo el día 13 de septiembre, ha explicado que éste señala «irregularidades administrativas» en una «mínima parte» de contratos, pero sin que haya «atisbo» de delito. «Nada de trama de corrupción, ni chanchullos», ha subrayado. El regionalista ha asegurado que Real es una persona «honorable» y no hay «una sola pega en ella».

También ha defendido que la actuación del Gobierno regional (PRC-PSOE) ha sido «absolutamente impecable» desde «el mismo instante» que tuvo conocimiento de la supuesta existencia de presuntas irregularidades y ha sido «absolutamente seria» y «en aras» a «esclarecer» el asunto. «Tengo la conciencia absolutamente tranquila», ha aseverado.

Además, ha considerado que las responsabilidades políticas por estas «incidencias» ya han sido asumidas con las dimisiones del anterior gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica del Servicio, Javier González, algo con lo que no se ha mostrado de acuerdo la oposición, que ha insistido en seguir reclamando la dimisión de Real.

Revilla ha señalado que ahora será la Fiscalía la que tendrá que dilucidar el alcance de las «incidencias contractuales» encontradas, en las que, según ha dicho, no hay indicios de corrupción ni «prestación de favores a nadie», ni perjuicio para la Administración o voluntad.

Además, ha explicado que el informe «evidencia» que existen «discrepancias» entre la Intervención y los representantes del SCS sobre los procedimientos de contratación.

Revilla ha insistido también en que, tanto en el informe provisional como en el definitivo, indica que la gestión de los procedimientos contractuales se adecúa «en general» a la normativa.

Además, ha anunciado que, tras el informe de la Intervención, ha ordenado que «sin demora» se implanten las recomendaciones dadas por este órgano y las «medidas correctoras» para evitar que este tipo de incidencias se vuelvan a dar.

Así, ha anunciado que el Gobierno va a desarrollar un plan para reforzar los controles en estos procedimientos de contratación no solo en el SCS sino en otros ámbitos.

Tras conocer el informe definitivo, Revilla ha ordenado que se remitiera a la Fiscalía, algo que, según ha dicho, se ha hecho este lunes, y también al Parlamento, algo que algunos de los diputados de los grupos han reclamado que se haga «de inmediato». «Mañana», le ha reclamado el podemita José Ramón Blanco, tras lo que el presidente ha señalado que el documento ya está en la Cámara.

Revilla ha explicado que él y su Consejo de Gobierno tuvo conocimiento en abril de esas supuestas irregularidades por un medio de comunicación regional que publicó un correo electrónico -que no una «denuncia formal», ha aclarado- que la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, remitió en febrero al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, con copia a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), y a la secretaria general de la Consejería.

Revilla ha relatado que el mismo día en que tuvo conocimiento de esas supuestas irregularidades pidió explicaciones a Real, que le reconoció que sabía del correo electrónico de la funcionaria desde febrero y le indicó que había pedido al gerente del SCS que investigara la realidad de lo que ésta relataba.

Sin embargo, Real le informó que Pérez Gil descartó la existencia de irregularidades y atribuyó la denuncia a la «mala relación» entre la funcionaria y el subdirector de Gestión Económica.

Revilla, que ha desmentido algunas de las alusiones de los grupos de la oposición, como el PP, sobre las irregularidades detectadas, ha sacado a relucir en su intervención la comisión de investigación impulsada por Podemos, PRC, PSOE y el grupo mixto para analizar la contratación del SCS en el periodo 2011-2018, tanto en la actual legislatura, con el bipartito PRC-PSOE, como en la anterior, con el PP.

Ha asegurado que el PRC ha sido el «primero» en apoyarla porque «no tiene nada que ocultar» y ha señalado que no todos los grupos han actuado así, aludiendo de esta forma a la negativa del PP a apoyar esta comisión y promover una alternativa centrada solo en analizar el comportamiento de Real y del bipartito desde que la funcionaria mandó el correo electrónico.

Para defenderse, el PP ha asegurado que su etapa ya ha superado «el escrutinio» no solo de la Intervención de la comunidad sino del Tribunal de Cuentas, el «máximo órgano fiscalizador» y «no han encontrado nada» porque «no hay nada».

La oposición ha insistido en la existencia de irregularidades y Sáenz de Buruaga le ha recordado que afirmó que «no le temblaría la mano» si éstas se confirmaban, algo que ha ocurrido,

La comparecencia de Revilla ha sido seguida desde la tribuna de los invitados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud, encabezados por su nuevo gerente, Benigno Caviedes.