El Gobierno renuncia a crear el consejo para supervisar empresas públicas que prometió

La Consejería de Economía publicó la pasada semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden por la que encarga a la Intervención General la supervisión de la sostenibilidad financiera de las empresas públicas y «valorar» la justificación de su existencia. Empresas públicas, pero también sociedades, fundaciones y demás entes del entramado del Ejecutivo sobre las que la oposición pone el foco de forma habitual por distintos aspectos como sus métodos de contratación –como ha ocurrido recientemente con Cantur– o los altos costes de su mantenimiento en relación a su utilidad social, algo que diversos partidos han denunciado, por ejemplo, en relación a la Fundación Comillas.

Ahora habrá que ver en qué se diferencia ese análisis, que según la Ley de Régimen Jurídico de Cantabria debería servir para comprobar que todas ellas funcionan de acuerdo «con su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, informes de gestión y los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y administración», con la labor de supervisión que ya hace en estos momentos la Intervención General sobre todas las ramas de la Administración regional. Cabe destacar que esa ley, aprobada en 2018, sí hablaba expresamente de la creación de un Consejo de Supervisión, no únicamente de un encargo de estas funciones al interventor.

Composición y antecedentes

De hecho, establecía que el órgano debía estar formado por un representante de cada consejería, un funcionario con competencias en materia jurídica y un representante elegido por cada uno de los grupos parlamentarios. Además, tendrían que formar parte de este órgano dos personas elegidas por los sindicatos con mayor representación en las empresas públicas y un vocal designado por la Universidad de Cantabria.

A principios de este 2022 y consultado por El Diario Montañés, el Ejecutivo cántabro reconocía el retraso en la creación del Consejo de Seguimiento de las empresas públicas, pero no explicaban la causa. Ahora, el Gobierno directamente ha optado por la vía de en medio y ya confirma que no lo creará. Que será suficiente con la orden de la Consejería de Economía recién aprobada.

Es más, la no creación de este ente fue el pasado mes de marzo origen de un choque entre los socios del bipartito. PRC y PSOE ni siquiera se ponían de acuerdo a la hora de señalar qué departamento era el responsable de redactar el decreto que desarrollase este nuevo órgano de supervisión. Desde la Consejería de Economía afirmaban que esta tarea le corresponde a la de Presidencia y Justicia, y en el área que dirige la regionalista Paula Fernández decían que la competencia era de su ya excompañera de Gobierno, la socialista María Sánchez. En cualquier caso, ninguna detallaba qué pasaría y hasta cuándo se mantendría esta situación.

Economía, que ahora ha dado un paso adelante –pero en una dirección contraria–, no se responsabilizaba entonces del asunto pese a que fue este departamento el que en noviembre de 2020, durante la presentación ante los diputados del borrador de Presupuestos de Cantabria para el año siguiente, aseguró en boca de su entonces responsable que estaba dando los últimos pasos antes de la creación del Consejo de Seguimiento, encargado de poner la lupa sobre todo el sector público regional. Sánchez afirmó que el decreto ya estaba «elaborado» y que «próximamente» se iniciaría «el procedimiento para su aprobación». Además, apuntó incluso que en ese texto normativo se iba a regular su funcionamiento. No hubo más noticias hasta ahora.

En aquel momento, la por entonces consejera de Economía hizo referencia al asunto porque una de las medidas de la Ley de Acompañamiento de las Cuentas consistía, precisamente, en la eliminación del Consejo de Supervisión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), vigente desde el año 2008. Lo razonó perfectamente la propia Sánchez. Se suprimía para «evitar una duplicidad» de órganos que buscaban el mismo fin.