El Gobierno repartirá antes de abril los 15,8 millones del Fondo de Cooperación

Prueba de ello es que las 39 localidades en riesgo de despoblación, en las que vive alrededor del 5% del censo de toda la comunidad autónoma, se llevan una cuarta parte del montante. En total son 3,8 millones de euros, el 25% del plan. «La esencia de Cantabria es municipalista. El Fondo de Cooperación persigue además de equilibrar el territorio, reconocer el trabajo de sus ayuntamientos, especialmente durante la pandemia», recuerda la consejera de Presidencia, Paula Fernández.

Un dinero que los alcaldes recibirán de inmediato -puede que de una vez o en dos mensualidades, en función de la disponibildad de la Tesorería- porque la partida debe estar en las arcas municipales durante el primer trimestre del año. Antes de abril dispondrán de un montante que no tiene carácter finalista -se añade directamente al Presupuesto- y deja un gran margen de maniobra a los consistorios.

Porque el dinero asignado podrá destinarse tanto a inversiones y obras como a gasto corriente, por lo que desde la Consejería entienden que servirá para asegurar «una gestión pública de calidad en el ejercicio de las competencias municipales». También puede ir a gasto extraordinario como consecuencia de la pandemia, tanto a ayudas sociales o al apoyo a sectores afectados, como a limpieza y vigilancia. Un modelo del que presume la Consejería y «que están reivindicando a sus respectivos gobiernos regionales alcaldes de otras comunidades autónomas».

Para el reparto de 2022, se han usado los mismos criterios y, aunque se tiene en cuenta la población, se aplica un factor de corrección para beneficiar en mayor medida a los municipios más pequeños y con riesgo de despoblación. Así, la mayor inyección económica será la de Santander, que recibirá hasta 1,2 millones de euros, mientras que el cheque de Torrelavega será de 719.000 euros, frente a los 691.000 del año anterior. Ningún municipio tendrá este ejercicio menos de 63.000 euros. En ese límite se encuentran Pesquera y Tresviso, las dos localidades con menos vecinos censados.

La ley que blinda este fondo mantiene el consenso acordado con el sistema actual. Existe una parte fija para las localidades con un censo superior a los 20.000 vecinos (Camargo, Castro y Piélagos tendrán 488.000 euros), así como para el Valle de Villaverde por sus circunstancias geográficas especiales. Para los 96 municipios restantes, se combina una parte fija y parte variable atendiendo a los habitantes y extensión de cada uno de ellos. Así, se establecen once tramos para establecer la asignación variable en función del censo.