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Alrededor de 9.800 cántabros podrían ver aumentadas las ayudas que reciben del sistema de atención a la dependencia para los cuidados en el entorno familiar y la prestación económica vinculada al servicio. La Subdirección de Dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ... se enfrenta a un aluvión de revisiones para la puesta al día marcada desde Madrid. Un trabajo extra para 2024 que le ha llevado a contratar a una empresa (Tragsa) para que se encargue de esa revisión masiva ante «la falta de personal interino en las bolsas de empleo», indican desde el Gobierno. Una decisión criticada desde la Junta de Personal -formada por los sindicatos TU, CC OO, SIEP, CSIF y UGT-, que denuncia que el Icass pone «en manos privadas» labores que corresponden a puestos de funcionario, «permitiendo el acceso a la aplicación EBRO, donde se cargan y gestionan los expedientes, que contienen información personal, sanitaria y social».
Desde la Consejería de Inclusión Social explican que el detonante de esa «sobrecarga de trabajo» fue la aprobación en agosto pasado del Real Decreto 675/2023 que regula las prestaciones para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, modificando los requisitos y las condiciones de acceso. Esos cambios establecidos desde el Ministerio de Derechos Sociales conllevan también un incremento de las cuantías máximas mensuales y una nueva tabla de las mínimas, en función de cada uno de los grados de dependencia. Así que ahora hay que examinar caso por caso cerca de 10.000 situaciones en Cantabria para ajustarse a esas nuevas condiciones aprobadas, lo que «presumiblemente se va a traducir en un incremento de las prestaciones» que perciben.
La Junta de Personal cree que esta «falta de medios humanos» con la que se justifica esta «externalización» se debe a la «incompetencia» de los gestores públicos, que ha impedido contratar personal funcionario de la Administración General de Cantabria «por falta de voluntad política». Asimismo, los sindicatos censuran que esta contratación se ha realizado «por la puerta de atrás» por parte del director de Icass, con el «consentimiento» del Consejo de Gobierno y la tramitación por parte de la consejera de Inclusión Social con «una falta total de transparencia y sin ningún tipo de comunicación ni consulta a la Junta de Personal».
Desde el departamento de Begoña Gómez del Río defienden que «este sistema viene siendo habitual de forma excepcional tanto esta como en otras legislaturas» y que el objetivo es «llevar a cabo de una manera ágil y eficaz la revisión de esos 9.800 expedientes sin menoscabar la labor habitual de reconocimiento de grado de dependencia y de prestaciones y servicios del sistema de la dependencia» que realiza el equipo del Icass. Y reiteran que «habida cuenta la inexistencia de personal disponible en las bolsas de empleo de personal interino en estos momentos se ha acudido a la contratación de Tragsa para apoyo en las tareas de mecanización de la documentación presentada por los administrados».
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