El Gobierno se rompe en la Comisión de Urbanismo por la protección del paisaje

El Gobierno de Cantabria se rompe en la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu), el órgano consultivo y de gestión en las materias de territorio y urbanismo. Lo que iba a ser un acto de mero trámite para la aprobación inicial de las directrices del paisaje –el decreto que establece el marco normativo de protección paisajística–, evidenció la fractura de los socios del Gobierno en esta materia. En la última reunión del órgano colegiado, regionalistas y socialistas mantuvieron posiciones enfrentadas y votaron por separado en un debate «tenso y desagradable», según confesión de alguno de los asistentes.

Los representantes regionalistas recelaban del texto presentado por el responsable de Ordenación del Territorio, José Manuel Lombera, (PSOE) y pidieron «dos o tres semanas» para estudiarlo más a fondo, resolver las discrepancias, aportar sugerencias y consiguir su aprobación por unanimidad en el órgano consultivo, tal y como ocurrió con la Ley del Paisaje en la anterior legislatura.

Pero Lombera se cerró en banda, no cedió a dejarlo sobre la mesa y el presidente en funciones de la Crotu, el socialista Miguel Ángel Palacio, sometió el expediente a votación, que fue aprobado con nueve votos a favor (entre ellos, los de los representantes del ala socialista del Gobierno) y ocho en contra (cinco del PRC). «Es impresentable que no te den tiempo para estudiar un texto que te han pasado la semana anterior, cuando estás pidiendo dos o tres semanas, y pretendes mejorarlo y buscar su aprobación por unanimidad», se queja uno de los asistentes que pide el anonimato, mientras otro subraya lo «insólito» de la situación. «Es la primera vez que en un órgano colegiado varios miembros solicitan un tiempo para estudiar un caso y no se concede», señala.

En plena refriega, el 'padre' del anteproyecto, José Manuel Lombera, remitió a los discrepantes a formular sus aportaciones en el trámite de información pública, como si de un particular se tratara, lo que va a propiciar que las consejerías regionalistas del Gobierno de Cantabria presenten un aluvión de alegaciones a un documento elaborado por el ala socialista del propio Ejecutivo.

La reunión de la Crotu se celebró el pasado 30 de noviembre bajo la presidencia del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio. En ella, están representadas la consejería de Universidades, en manos del PSOE, con los directores de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y la Secretaría General; y las regionalistas, Presidencia y Justicia, Obras Públicas, Industria y Medio Rural, con sus directores generales al frente. Además, asisten la Delegación del Gobierno, los colegios profesionales de Abogados, Arquitectos, Geógrafos, Ingenieros Agrónomos, Universidad de Cantabria y la Federación de Municipios con tres miembros (José Manuel Igual, alcalde de Arnuero; Secundino Caso, de Peñarrubia y Francisco Asón, de Ribamontán al Mar). El director de Ordenación del Territorio llevó a ese encuentro la aprobación inicial del decreto de directrices del paisaje, un texto que desarrolla la Ley del Paisaje y resume la política paisajista del Cobierno de Cantabria, además de marcar las pautas que deben seguir las distintas administraciones para su protección.

Pero a los representantes de las consejerías regionalistas no les gusta el articulado, que ven como una «mera declaración de intenciones». El director general de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, mostró su «preocupación» por el marco general que plantea el borrador de anteproyecto, ya que «podría incluso entenderse la imposibilidad de aprobar una nueva infraestructura». Además advirtió de que la regulación de los miradores podría «resultar problemática», según recoge el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso este periódico. Por eso pidió que el documento quedara sobre la mesa para que ser «revisado» por los técnicos y jurídicos de la Consejería y «en un plazo de dos o tres semanas» pudiera ser votado a favor.

En vano pidió tiempo también el director general de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Raúl Pelayo, que fue uno de los más críticos. Aseguró que el anteproyecto «puede suponer una dificultad para el desarrollo industrial y de redes» en la comunidad autónoma, y mostró su «preocupación por el alto contenido de subjetivismo» del documento, que en materia de telecomunicaciones supone «una barrera para el despliegue de nuevas redes». Pelayo consideró que el informe de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones es preceptivo y debe aportarse antes de la aprobación inicial del decreto, y advirtió de que en materia de redes eléctricas el borrador «choca» con los objetivos de la ley sectorial, por lo que solicitó el aplazamiento de su aprobación hasta que se emitan todos los informes reclamados. En este sentido, el asesor jurídico de la Crotu, Vicente Mediavilla, observó que el expediente carece de Memoria de impacto normativo y que «si ahora no se somete al trámite de información pública, debe hacerse con posterioridad», por lo que la urgencia invocada por Lombera no tendría mucho sentido.

Para Antonio Lucio, director general de Medio Rural, el texto tiene «deficiencias que deben ser corregidas antes de su aprobación», al tiempo que expresó «la dificultad de diferenciar cuándo nos encontramos ante normas de aplicación directa, directrices o meros criterios orientadores». A su juicio, es necesario aprobar un documento «en el que todos quienes forman la Crotu se sientan cómodos». El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), defendió que, dadas las «dudas y discrepancias» planteadas, no era el momento de aprobar el texto y se mostró partidario dejarlo para después de las elecciones de mayo de 2019.

Lombera sin embargo urgió la aprobación del borrador al considerar «necesario que el trámite de información pública se aleje lo máximo posible» de las fechas electorales, y respondió a los regionalistas que «no tiene» su compromiso de que, una vez incorporadas sus observaciones, el anteproyecto sea respaldado «por consenso». Aprobado el texto, ahora será sometido a información pública.