La oficina anticorrupción anunciada por Revilla dependerá directamente del Gobierno

Cualquier persona que tenga indicios o pruebas de que un cargo público o un funcionario ha cometido una ilegalidad podrá denunciarlo por correo o a través de internet. Las delaciones serán confidenciales, pero deberán llevar obligatoriamente la firma del denunciante. El decreto de la creación de la oficina recoge que afectará al Ejecutivo y a las empresas públicas, ya que para tocar a otros organismos tendrían que haber impulsado una ley. Sin embargo, el documento deja la puerta abierta a ejercer de correa de transmisión con otras entidades menores como los ayuntamientos o las juntas vecinales. Es decir, que si se un ciudadano denuncia un caso de corrupción en un consistorio se pasará toda la información al municipio para que lo investigue.

Los objetivos de la oficina «serán prevenir e investigar, en primera instancia, posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público», según se recoge en el borrador del decreto que el bipartito sacará hoy a información a través del portal de transparencia y al que este periódico ha tenido acceso.

Para ello se habilita un canal de denuncias, un buzón electrónico de acceso público, en que el que lo funcionarios y los ciudadanos, identificándose en la plataforma y garantizando su anonimato, pueden formular denuncias sobre conductas inadecuadas. Se contempla además la «práctica de diligencias de investigación de los hechos puestos en conocimiento a través del buzón citado», que corresponderá a la propia oficina procediendo con la investigación y la derivación, en su caso, a la Fiscalía o a los órganos competentes para la depuración de las responsabilidades que pudieren traer consigo y emitiendo informe de sus actuaciones que será remitido al Consejo de Gobierno y el Parlamento.

La 'Oficina de Buen Gobierno y contra la Corrupción', como se la ha bautizado el departamento de De la Sierra, sigue la estela de las implantadas en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Su responsable tendrá rango directivo y su nombramiento será del Consejería de Presidencia y Justicia. «Su integración en la estructura de la Administración responde a cuestiones de eficacia y eficiencia administrativa y presupuestaria, así como al dimensionamiento de la propia Administración autonómica y su sector público». Según el Ejecutivo, «el rigor presupuestario en relación con las normas de organización administrativa, unido a la coordinación con departamentos con funciones de investigación ya existentes, ofrece además una mayor flexibilidad al servicio que se pretende crear».

Lo que finalmente no se materializará, como le hubiera gustado al presidente, es el nombramiento de un consejo de expertos, personas independientes, con experiencia en el ámbito de la gestión y de reconocido prestigio, que estudiará cada caso. El Ejecutivo ha encontrado en este punto su 'talón de Aquiles', ya que para hacerlo hubiera sido necesario crear un organismo independiente, modificar las competencias de varias consejerías, y dotarlo de recursos de los que, a día de hoy, no dispone.

Para la elaboración del documento, el Ejecutivo se ha servido de la reciente directiva europea por la que se establecen las normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen de las infracciones, así como de la tramitación en el Congreso de la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Aunque no se ha especificado el coste, la oficina dispondrá del personal y medios materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones y actuará «con objetividad a los intereses generales». Además, se elaborará un informe anual sobre las denuncias presentadas y las tramitadas, que será presentado en el Parlamento de Cantabria

De la Sierra señaló que trabajará en coordinación con el resto de unidades administrativas de control –la Inspección de Servicios y la Intervención – y cree que ayudará a facilitar la supresión de los casos de corrupción y a superar la desafección hacia la clase política, «motivada precisamente por esas malas prácticas».