El Gobierno no sacará a concurso el permiso para encontrar zinc hasta que no se resuelvan los recursos judiciales

Así lo ha señalado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Francisco Martín, quien ha explicado que mientras tanto, la empresa Slipstream, que ha ubicado su sede en Alfoz de Lloredo, tiene tres años por delante, continúa desarrollando su plan de investigación y para el año 2021 plantea una inversión de 1,5 millones de euros del total de cuatro previstos.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado del PP Roberto Media, que ha acusado al Gobierno de «mentir como bellacos» y «vendernos una moto que no tiene ni ruedas», generando falsas expectativas en torno a la explotación de zinc en la comarca del Besaya y la creación de 2.000 puestos de trabajo.

Martín ha defendido que «el zinc sigue estando ahí», aunque los primeros sondeos no hayan respondido a las expectativas de AZSA, y que sigue habiendo interés de las empresas por hacerse con permisos de investigación.

Ha añadido que el Gobierno hizo un concurso «absolutamente legal», al que concurrieron siete empresas, y ha actuado «con diligencia» al retirar el permiso Salia a Cantábrica del Zinc por incumplimiento de las obligaciones de la concesión.

El consejero ha argumentado que el Gobierno «hizo lo que tenía que hacer» ante el interés de las empresas por explotar este mineral en el subsuelo de Cantabria y lo que podía suponer para la comarca del Besaya y para el puerto.

«El Gobierno trabajó con mucha ilusión y mucho riesgo, pero no le ha costado ni un solo euro; el zinc sigue estando ahí y el tiempo dirá«, ha añadido tras defender que se trata de una »potencialidad« de Cantabria y que »no es una cuestión de una legislatura«.

El Gobierno denegó la prórroga del permiso Salia a Cantábrica del Zinc, sociedad formada por la empresa canadiense Emérita Resources, la española Aldesa, y otros socios minoritarios, porque de los 125 sondeos previstos, había realizado seis en el momento de la solicitud de la prórroga, y de los 17 millones de inversión comprometidos, había ejecutado 1,2 millones.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley presentada por el PSOE que insta al Gobierno regional de socialistas y regionalistas a mejorar la red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados; a impulsar la profesionalización de los cuidados; y a incorporar la perspectiva de género en la regulación del teletrabajo, haciéndolo compatible con recursos de corresponsabilidad.

La resolución del PSOE únicamente ha sido apoyada por su socio regionalista, con el que suma mayoría absoluta en la Cámara, y ha recibido fuertes críticas de los grupos de la oposición, que la ven «ideológica» y vacía de medidas concretas, si bien PP y Ciudadanos se han abstenido y solo Vox ha votado en contra.

La portavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo, ha señalado que el teletrabajo ha reforzado durante la crisis del Covid-19 el rol de cuidadoras de las mujeres, que han asumido de manera mayoritaria estas tareas, y muchas no han podido reincorporarse a sus trabajos o han tenido que acogerse a reducciones de jornada, con la consecuente repercusión salarial.

Para el diputado de Vox Armando Blanco, la resolución es «un conjunto de delirios ideológicos» y una «concatenación de palabros» que «ni el propio PSOE entiende», un conjunto de «propuestas vacías que busca victimizar a la mujer y meterse en nuestras casas y reeducarnos», ha dicho. Cobo le ha replicado que sus argumentos son «medievales y dan miedo».

Por parte de Cs, Marta García ha opinado que «hay que tener cara» para presentar esta iniciativa cuando el PSOE gobierna en España y en Cantabria y tiene «suficientes herramientas para poner en marcha medidas concretas, reales, valientes, y también progresistas». A la vez, ha pedido a los socialistas que no utilicen la Cámara «para intereses publicitarios personales y partidistas y para presentar propuestas »abstractas«.

También ha criticado la falta de medidas concretas la diputada del PP Isabel Urrutia, que considera que el Gobierno «ha dejado a las mujeres atrás» en la crisis del Covid y «no ha hecho nada» por ellas en estos seis meses, a la vez que ha rechazado todas las propuestas del PP en este ámbito.

el PSOE y el PRC han hecho valer también su mayoría absoluta en la Cámara para tumbar sendas iniciativas del PP y de Vox que planteaban soluciones para poner fin al «deterioro» de los polígonos industriales de la región y mejorar su capacidad para atraer a nuevas empresas.

El PP solicitaba en concreto la redacción de un plan de recuperación de polígonos, incluidos los privados, que son el 90% del total. El diputado Lorenzo Vidal de la Peña ha defendido que el Gobierno puede y debe incentivar la modernización de los polígonos privados mediante ayudas y bonificaciones, igual que se subvenciona a los particulares la compra de vehículos o electrodomésticos.

Vox por su parte pedía la creación de un fondo en los presupuestos de 2021 para la mejora de los polígonos públicos, pero también ha apoyado la tesis del PP. Además, instaba a alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para asumir desde la Consejería de Industria el coste de las obras necesarias para reparar y adecuar los elementos comunes en viales y servicios desaneamiento en el Polígono de Barros.

Ciudadanos ha apoyado ambas propuestas porque «tan importante es» crear nuevo suelo industrial que mantener en buenas condiciones el existente. El PRC, que dirige la Consejería de Industria y también la de Obras Públicas, ha defendido que el Gobierno está abierto a colaborar con los ayuntamientos, como está haciendo en el caso de Los Corrales, pero que no puede asumir lo que son «deberes de la iniciativa privada».

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha pedido por unanimidad al Gobierno regional (PRC-PSOE) que «siga apoyando» a SOGARCA y ha reclamado al Consejo de Administración de esta sociedad de garantías recíprocas que elabore un plan para conseguir una «mayor funcionalidad y operatividad» a la hora de dar liquidez a autónomos y empresas.

La iniciativa ha partido del grupo mixto-Vox, que ha presentado una moción, en la que denunciaba la «inoperatividad» de Sogarca e instaba al Gobierno a impulsar acuerdos con el resto de accionistas de la entidad para «reformarla» y conseguir así más operatividad y aumentar la capacidad analítica y comercial, cumpliendo su función de garante del empresariado cántabro.

A esta moción, los grupos PRC-PSOE, que sustentan con mayoría absoluta al bipartito regional en la Cámara, han presentado una enmienda de sustitución en la que se propone un texto alternativo, en el que lo que se pide al Gobierno de Cantabria, principal socio protector de la entidad Sogarca, que siga apostando por esta sociedad de garantías recíprocas pero plantea que sea el propio Consejo de Administración el que elabore un plan para conseguir esa mayor funcionalidad.