Gobierno y Santander impulsan la promoción de viviendas ante el escaso dinamismo privado

Frente al récord de 16.588 viviendas que se construyeron en Cantabria en 2006, dos años antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, la cifra de nuevos hogares del año pasado en la comunidad autónoma fue de solo 1.349. Son pocas para cubrir las necesidades del mercado -de ahí que la inversión en rehabilitación siga siendo muy elevada-, aunque también es cierto que es el número más importante en los últimos doce años.

En ese contexto, la presión social y el aumento de la preocupación ciudadana han hecho que la vivienda entre a figurar en la lista de prioridades de las administraciones públicas. A nivel nacional, el Gobierno central asegura que esta será «la legislatura de la vivienda» con la construcción o rehabilitación para su uso de 184.000 nuevos inmuebles. Y a nivel regional, solo el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander tienen en cartera proyectos para realizar diferentes promociones que suman hasta 607 viviendas.

Quizás podrían ser más y quizás el impacto de su puesta en servicio sea limitado, pero las cantidades son significativas teniendo en cuenta los antecedentes. Para comprobar la relevancia de estas actuaciones basta decir que suponen prácticamente la mitad de las viviendas que se hicieron por todas las vías -promociones públicas, privadas, a través de cooperativas y viviendas unifamiliares- entre enero y diciembre pasado. Eso sí, estas promociones que impulsan la Consejería de Fomento con apoyo de fondos europeos y el Consistorio de la capital tienen como horizonte temporal toda la legislatura.

Salvo cambios poco probables en las dinámicas del mercado a corto plazo, ya se puede adelantar que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander se convertirán en los próximos años en los principales promotores de la comunidad autónoma ante el escaso dinamismo del sector privado, que se recupera tras tocar mínimo en 2014 -en ese ejercicio se construyeron solo 409 viviendas- muy lentamente.

Si pese a los precios muchas veces prohibitivos sigue habiendo demanda, ¿qué es lo que lastra al sector? Las empresas tienen perfectamente identificados los dos principales problemas: las dificultades que tienen los constructores para acceder a crédito por parte de las entidades financieras -los bancos aún recuerdan lo que ocurrió a partir de 2008, cuando recibieron una ingente cantidad de inmuebles como consecuencia de promociones que financiaron y nunca se vendieron- y la falta de suelo. En el caso concreto de Santander se debe, entre otros motivos, a los retrasos en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que también está en revisión en Torrelavega, donde el equipo de Gobierno pretende activar parcelas ahora no urbanizables con la aprobación del nuevo documento.

«Las familias se cansan de esperar y deciden dar el paso por su cuenta», entienden desde la Asociación de Constructores de Cantabria. Quienes tienen capacidad económica suficiente se mueven hacia viviendas unifamiliares en terrenos urbanos o rústicos, algo que consagra definitivamente la modificación de la Ley del Suelo que impulsó el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. La prueba es que, en 2023, el 85% de las 1.349 viviendas que se construyeron fueron impulsadas por personas físicas (básicamente para levantar sus viviendas unifamiliares, contratando los particulares a los arquitectos para firmar el proyecto a su medida), mientras que el 15% fueron promociones. Promociones que, por cierto, no siempre corren a cargo de sociedades mercantiles, en ocasiones salen adelante a través de cooperativas de varios propietarios, una fórmula que también tiene su espacio en la región.

De esta manera, las empresas de la construcción compensan el pésimo momento que viven las promociones con las obras de viviendas unifamiliares y, en otro ámbito, con la licitación pública. No solo de viviendas, también de carreteras u otro tipo de infraestructuras, que el año pasado alcanzó cifras récord. Tanto por la inversión del Estado en Cantabria como por la del propio Gobierno regional.

De esas 607 viviendas que impulsarán las administraciones regional y local, las últimas 40 son las que anunció la pasada semana el consejero de Fomento, Roberto Media, para el barrio de El Cabildo, en Santander. Se suman a las 285 que el Ejecutivo autonómico llevará a cabo a través de nueve promociones en Santillana del Mar, Polanco, Santoña, Laredo, Torrelavega, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Reinosa, Marina de Cudeyo con una inversión de 13 millones de euros de fondos europeos y otros 30 millones de recursos propios. Estarán acabadas en 2026 -las obras para levantar las 30 primeras ya han sido adjudicadas- y todas ellas se destinarán a alquiler social.

A cargo del consistorio de la capital, que ha tenido que pedir un crédito de algo más de 33 millones para poder asumir los trabajos, corre la construcción de 282 viviendas de protección oficial en el barrio de El Alisal. En el desarrollo y ampliación de esta zona tendrá un papel la empresa privada, pero por ahora el Ayuntamiento se ha reservado una parte de los terrenos. La diferencia con el modelo autonómico es que la mayoría de los inmuebles no serán de alquiler social, sino en propiedad. Se están asignando, por sorteo y con unas condiciones ventajosas, a los vecinos que cumplan los requisitos.

Además, de manera excepcional y muy a su pesar, el Ejecutivo regional también hace de promotor en la construcción de las viviendas de sustitución -hay varios proyectos abiertos y alguno a punto de acabar su ejecución- de los afectados por sentencias de derribo.