Gobierno y Sogarca chocan por el interés de Castilla y León en absorber la entidad cántabra

Desde que hace nueve meses Iberaval presentó su oferta por carta al consejero de Industria, Eduardo Arasti, la tensión en el Consejo de Administración de Sogarca no ha hecho más que crecer. Hasta que en la reunión de la semana pasada terminó por estallar, con un enfrentamiento abierto entre el director general de Industria, José Luis Ceballos, y algunos de los empresarios que están al frente de la entidad. Las dos posturas –a favor y en contra de la absorción– parecen irreconciliables a día de hoy, así que solo falta por saber los votos que conseguirá cada una en el Consejo de Administración, donde el Gobierno, en principio, cuenta con todo el viento a favor.

En la mesa donde se toman las decisiones hay once personas sentadas. Además del Gobierno –principal socio de la entidad y sin cuya financiación anual Sogarca no podría sobrevivir–, están a favor de la integración con Iberaval la CEOE, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Santander. Otros dos sillones corresponden a bancos –Unicaja y Caixabank–, con cuyos votos cuenta también el Ejecutivo del PP, ya que ambos forman parte de la estructura de Iberaval desde hace tiempo. Las mayores reticencias a la operación llegan de los cinco empresarios locales que completan este órgano, presidido por Miguel Ángel Díaz, histórico propietario de Funeraria Torrelavega, ahora Funcantabria.

«Por mucho que se empeñen no voy a firmar ningún papel que no suponga lo mejor para Cantabria y para Sogarca», señaló Díaz, quien defiende la necesidad de mantener la soberanía e independencia de la entidad o, al menos, valorar las otras dos ofertas de colaboración de sociedades de garantía que han llegado a la mesa del Consejo. Una de Elkargi (País Vasco) y otra de Afín (Valencia). Ninguna de ellas es bien vista en el Gobierno regional, donde desde el primer momento han apostado por Iberaval. «No se quieren ni valorar las otras opciones pese a ser bastante mejores», se quejó Díaz.

Pero, ¿por qué defiende el Ejecutivo de Cantabria la desaparición de una sociedad regional en favor de otra comunidad autónoma? Según el consejero de Industria, se trata solo de una cuestión de números y de eficacia. Sogarca es una entidad pequeña en comparación con las otras 17 sociedades de garantías que operan en España, todas ellas supervisadas por el Banco de España. Desde su fundación en 1980, Sogarca ha acumulado 1.223 socios y ha facilitado más de 5.000 operaciones firmando créditos por importe cercano a los 200 millones de euros, beneficiándose mayoritariamente empresas ligadas a los sectores del transporte, hostelería y alimentación, de fuerte tradición y peso en la estructura productiva de Cantabria. Su actividad anual en estos momentos se mueve en torno a un centenar de operaciones con una media de 40.000 euros en cada una. De hecho, en 2023 movilizó 4,4 millones de euros, y este año, hasta septiembre, ha llegado a 3,1 millones, un 14% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Estas cifras se quedan muy pequeñas si se comparan con el volumen de dinero que Iberaval inyecta en territorios con menor población que Cantabria. Y este es precisamente el principal argumento que esgrime el Gobierno para defender la integración.

Según los datos que maneja la Consejería de Industria, la entidad castellanoleonesa financió el año pasado 19,6 millones en Ávila –casi cinco veces más que Sogarca en Cantabria–, pese a que su población es de solo 160.000 personas. En total, su volumen de negocio allí es de 64,3 millones frente a los 16,6 de la entidad cántabra. En La Rioja ocurre algo similar. Para operar allí, Iberaval no tuvo que absorber ninguna sociedad, ya que no existía. En una población también muy inferior a la cántabra, ha movido el año pasado 38 millones en avales –más de nueve veces los números de Cantabria–.

«El problema es de tamaño, no de personas ni de gestión. Sogarca es un medio, no un fin. Tenemos que unirnos para ser más fuertes, más eficaces y para dar más oportunidades de financiación a más empresarios cántabros», declaró Arasti, para quien la solución no es aumentar los fondos anuales que el Gobierno envía a Sogarca –400.000 euros este año y el pasado–, tal y como le reclaman desde la organización. «El tamaño hace que la gestión de los fondos propios de la sociedad se haga con mayor rentabilidad», subrayó.

Por esa expectativa de ver en Cantabria el volumen de millones que ya tienen en La Rioja y Ávila, la oferta de Iberaval encandiló al PP desde el primer momento. Y también, claro, porque supondría ahorrarse su aportación anual a la entidad. La sociedad castellanoleonesa se compromete a quintuplicar la actividad de Sogarca, aumentar el tamaño máximo de las operaciones de 600.000 a 2,5 millones de euros y poner en movimiento 25 millones en avales el año que viene. Todo eso además de guardar dos sillones del Consejo de Administración para Cantabria, entre otros puntos que se pueden ver en la ficha superior.

Evidentemente, Iberaval no haría todo esto gratis. De entrada, se quedaría con los 16,6 millones de patrimonio de la entidad cántabra, un empujón importante en su carrera por el crecimiento desbocado –en una década ha pasado de 80 a 165 millones de recursos propios– y un seguro para su 9% de tasa de dudosidad. Pero, sobre todo, le permite dar un paso más en el proceso de concentración del mercado que su presidente, César Pontvianne, ha impulsado desde su llegada. Iberaval no esconde que su intención es reducir de 18 a 10 las sociedades de garantía recíproca que operan en España. Y Sogarca es uno de los peces pequeños que se puede comer.

Todo esto iría en contra de los empresarios cántabros, según los críticos con la operación, ya que los intereses locales serían sustituidos por los objetivos de rentabilidad de un capital de titularidad más alejada y al servicio de los intereses de otra comunidad autónoma.

Lo que Arasti niega de forma tajante es cualquier interés o motivación política en la operación, pese a las sospechas que existen debido a la cercanía de Iberaval con el PP. De hecho, la sociedad solo opera en territorios gobernados por los populares y sus principales financiadores son la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Madrid, además de los bancos.

A pesar de que los promotores de esta operación esperaban cerrarla en verano, la oposición interna ha trastocado todo su calendario y todavía no hay fecha para la votación en el Consejo de Administración. Después del informe de Sodercan en el que avalaba la absorción por Iberaval y de que se aprobara estudiar la oferta, la entidad cántabra está a la espera de conocer los resultados de la 'due diligence' encargada a Deloitte. Será esa auditoria independiente y externa la que determine la fiabilidad de este movimiento, aunque eso no quiere decir, ni mucho menos, que se aplaquen las críticas por la desaparición de Sogarca.