El Gobierno sopesa alquilar el edificio de La Pereda casi seis años después de su cierre

Han pasado ya seis años desde que la residencia se quedó vacia. El 30 de julio de 2012, los seis residentes que aguantaron en sus habitaciones hasta el minuto previo a su cierre definitivo salieron por la puerta de La Pereda. En ese mismo instante, este centro de atención a la dependencia que había sido el hogar de decenas de mayores durante más de una década quedó clausurado. Los informes que decían que la residencia no cumplía con los requisitos mínimos exigidos a unas instalaciones de estas características pesaron más que las protestas de los usuarios y el personal. El Gobierno de Ignacio Diego echó la verja y nadie la ha vuelto a levantar. Desde entonces, este edificio de 9.000 metros cuadrados construido en una finca de 10.717 metros cuadrados y situado en un lugar privilegiado de Santander, muy cerca de la playa de El Sardinero, permanece sin actividad.

Desde luego, para disgusto del Ejecutivo regional. Porque hasta en tres ocasiones ha tratado de subastarlo al mejor postor, pero los grupos privados interesados en adquirir la propiedad para montar allí un geriátrico finalmente no presentaron ninguna puja. Tampoco llegó a materializar el intento de la Consejería de Economía a finales 2016, ya con el bipartito en el poder, de realizar una venta directa a las empresas que habían preguntado por la residencia Marcano -como era conocida popularmente-. Ahora, en Peña Herbosa están convencidos de que han dado con la clave para deshacerse de esta parte del patrimonio regional cerrada a cal y canto que no genera ningún rendimiento económico ni social y, a la vez, conseguir ingresos para las arcas públicas.

Según Sota, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander «ha influido bastante» en que el Gobierno no haya recibido ofertas de compra para La Pereda y para el resto de edificios o solares que sacó a subasta. Cree que existe «una cierta prevención» por parte de los posibles compradores ante «la inseguridad jurídica» que plantea que el plan esté anulado a la hora de determinar la calificación urbanística de terrenos y edificios.

Ante la falta de ofertas de compra, el Gobierno regional recurrirá a un nuevo sistema: descolgarán el cartel de 'Se vende' y pondrán uno nuevo con un gran 'Se alquila'. El Gobierno de Cantabria tiene la intención de arrendar el edificio a una de las varias empresas que «siguen interesadas» en realizar una reforma para devolver La Pereda a la vida. En principio, con el mismo fin que tenía hasta su clausura en 2012. «Estamos estudiando presentar un concurso para su alquiler con opción a compra y esperamos que en fechas próximas puede estar concluido el pliego de condiciones», apuntan desde el departamento que dirige el socialista Juan José Sota.

De esta forma, el Gobierno cree que no sólo podría ser más atractivo desde el punto de vista económico invertir en la residencia, sino que se resolvería una de las dudas legales que echó para atrás a los inversores cuando se plantearon su compra. Urbanísticamente, el edificio está catalogado como de uso público y asistencial. «Con ese tipo de uso, si La Pereda se hubiera vendido en su momento y la empresa hubiera venido al Ayuntamiento a pedir una licencia de apertura no se la podríamos haber dado», explica el concejal de Urbanismo de Santander, César Díaz.

El edil recuerda que el Ejecutivo no solicitó en ningún momento hacer una modificación puntual para cambiar su uso, algo que habría sido «relativamente sencillo». En cualquier caso, el pasado mes de diciembre todos los grupos políticos coincidieron durante un pleno en que La Pereda, fuera cuál fuera su futuro, tendría que seguir siendo un edificio de uso asistencial. Es decir: un hogar de mayores o una residencia juvenil, como ya fue anteriormente.

Hasta el momento, en el Consistorio no cuentan con información sobre los planes de la Consejería de Economía, pero Díaz no tiene del todo claro que esa fórmula del alquiler no choque con su dotación para uso público. Esas dudas no existen con la figura de la concesión, que permitiría la gestión privada sin perder la propiedad pública. Pero esa opción, de momento, no la contempla el Gobierno. Tampoco ha fijado a cuánto ascendería el arrendamiento ni esa opción a compra. En un principio, la residencia se tasó en 28 millones de euros, pero su valor desde entonces no ha hecho más que caer. En la primera subasta se fijó un precio mínimo de 6,5 millones, pero en la tercera bajó de nuevo hasta los 4,7 millones de euros. Ahora no llega a los dos.

El Grupo Municipal Socialista ha defendido su reapertura, pero el bipartito no se plantea que sea la propia Administración cántabra la que vuelva a poner en funcionamiento la residencia. Todo a pesar de la alta demanda y que casi el 100% de las 4.000 plazas públicas o concertadas actuales están completas.

De culminarse con éxito una hipotética operación de alquiler, la empresa que se haga cargo de La Pereda tendrá que realizar una importante inversión para adaptar las habitaciones a la legislación actual. Cuando la residencia echó el cierre tan solo un tercio de las habitaciones ya estaban adaptadas. En el resto existían deficiencias. A ello hay que sumar los efectos del paso del tiempo.

Aunque un sistema de videovigilancia ha impedido que el edificio vacío fuera víctima de los vándalos -hay algunos cristales rotos y mucha suciedad acumulada, pero se mantiene en condiciones dignas- y los jardines están igual de cuidados que cuando La Pereda estaba a plena actividad, los casi seis años que han transcurrido desde que se trasladó al último usuario han pasado factura. Desde el exterior se aprecian goteras en algunas estancias, persianas rotas, placas metálicas arrancadas... Hasta han comenzado a crecer plumeros en una cornisa.