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El Gobierno de Cantabria aprobará este jueves el nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que subirá un 20% de media las cuantías que perciben abogados ... y procuradores del turno de oficio hasta situarlos dentro de la media española. El Ejecutivo destinará 500.000 euros más a estos servicios, hasta alcanzar los 3 millones de euros. Además, este reglamento «refuerza el acceso a la justicia gratuita», al introducirse nuevos mecanismos de gestión administrativa y módulos retributivos más concretos, en función de la correspondiente intervención judicial, lo que agiliza posteriormente la tramitación de los expedientes de los beneficiarios.
Mediante este nuevo decreto, las retribuciones se incrementan una media de casi un 20% con respecto a 2019, cuando se produjo la última actualización del turno de oficio, si bien el pasado año el Ejecutivo regional subió de forma transitoria un 7,8% las partidas de justicia gratuita para los colegios profesionales de abogados y procuradores ante la imposibilidad de aprobar en ese ejercicio el nuevo decreto debido a la falta de los últimos informes preceptivos.
Desde que Cantabria asumió la competencia de Justicia en 2008 se han realizado sucesivas actualizaciones de los módulos que perciben abogados y procuradores. Así, en 2008 se incrementó un 10% a los abogados. Posteriormente, en 2016 se aumentó un 17% a los procuradores y un 7% a los abogados. En 2019, se incrementó a ambos otro 0,6%. Y, finalmente, en 2022 se aplicó, debido a la inflación, una subida del 7,8%.
El incremento de los módulos y las bases de compensación económica que se establecen en el nuevo decreto tendrán efecto retroactivo al 1 de enero de 2023 para los profesionales que ejercen el turno de oficio. En total, para 2023, los Presupuestos Generales de Cantabria prevén una partida de casi 3 millones de euros para financiar la justicia gratuita, de los que 2,5 millones son para abogados, 244.000 para los procuradores y otros 220.000 con destino a financiar las pruebas periciales.
«Este decreto da un paso más en la dignificación de su trabajo, lo que no significa que no quede camino por recorrer», considera la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, quien anuncia que se formará un grupo de trabajo con los colegios profesionales para mejorar el funcionamiento de la Comisión de Justicia Gratuita, en la que ambos están representados, y se iniciará el trabajo «para modificar, si cabe, nuevamente, los baremos». «Ahora se incrementan de forma muy importante los módulos retributivos que había y se introduce una mejora cualitativa al crear otros nuevos», explica.
Paula Fernández
Consejera de Presidencia y Justicia
El decreto regula el régimen de funcionamiento y deliberación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, encargada de valorar las solicitudes. Además, mejora la gestión administrativa de los expedientes de justicia gratuita, iniciados en los servicios de orientación jurídica del Colegio de la Abogacía y su posterior valoración por parte de la Comisión para el reconocimiento de los beneficiarios.
Entre otras prestaciones, implica el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso; la asistencia de abogado al detenido, preso o imputado; defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial; inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos, asistencia pericial gratuita, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales y reducción de los derechos arancelarios, en su caso.
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Ana del Castillo
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