El Gobierno y la FMC se unen para reclamar la norma que permitirá a los ayuntamientos reinvertir su superávit

Así lo han planteado hoy, miércoles, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, y el presidente FMC, Pablo Diestro, en su primer encuentro tras la renovación de la junta directiva de la Federación, informa el Gobierno regional en un comunicado.

Fernández Viaña ha defendido desbloquear la actual situación y aprobar cuanto antes ese decreto ley que autorice que el remanente de la tesorería registrado en 2019 se destine a inversiones en los pueblos y ciudades. «Es una fórmula legal que está al alcance de todos, que puede ser la más eficaz y la más rápida, dado que no está conformado todavía el Gobierno de España y se va a carecer a corto plazo de los necesarios presupuestos generales del Estado», ha avanzado la consejera.

En este sentido, ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Valdeprado del Río, cuyo alcalde Jaime Soto ha participado en la reunión como vicepresidente segundo de la FMC. El consistorio, según ha explicado, cuenta con un presupuesto anual de unos 300.000 euros y tiene un superávit de más de 500.000, cantidad que «no puede gastar».

Por su parte, Diestro ha pedido además que los ayuntamientos puedan destinar «con libertad» este superávit, pues considera que destinar este remanente a reforzar los servicios municipales «es lo más justo», dado que lo acumulado proviene de la recaudación de los impuestos de los vecinos.

Así mismo, la consejera ha informado a los representantes de la FMC que el proyecto de Ley del Fondo de Cooperación Local se encuentra en su última fase de tramitación, por lo que el Ejecutivo espera aprobar la iniciativa este mismo año.

El objetivo, según la consejera, es que la ley, que «blinda» el fondo a los ayuntamientos, pueda ser aprobado en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones.

Por otro lado, la FMC se ha interesado por los acuerdos marco que mantiene el Ejecutivo cántabro para los suministros y servicios corrientes y a los que se pueden sumar los ayuntamientos para rentabilizar sus gastos.

En materia de protección civil, han abordado el proceso de transformación en asociaciones de las agrupaciones de protección civil, tal y como recoge el nuevo decreto del voluntariado.