El Gobierno vuelve a incumplir el plazo para pagar las ayudas de alquiler a los jóvenes

Casi desde el mismo momento en que se anunció en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la concesión de estas ayudas, impulsadas desde el Gobierno central para facilitar la emancipación de los jóvenes, se hizo evidente que los cálculos habían fallado: cuando se publicó la convocatoria en el BOC, a finales de julio –el Gobierno central anunció que se ponía en marcha la medida a comienzos de 2022–, se indicaba, con una previsión excesivamente optimista, que se resolverían y notificarían en un plazo de tres meses, esto es, antes del fin de 2022. Incluso se especificaba que, en caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, «se entenderá desestimada la solicitud».

En vista de la imposibilidad de gestionar las peticiones, se indicó desde Vivienda que, aun cuando no pudiera cumplirse este primer plazo, todo quedaría resuelto antes de que finalizase 2022.

Pero el año se agotó, y arrancó 2023 sin que el Bono Alquiler Joven se ingresase en las cuentas de los solicitantes, así que, por tercera vez, se fijó una nueva fecha para tenerlo todo listo: sería en algún momento durante el primer trimestre.

Pasó enero, febrero y también marzo, y el dinero seguía sin llegar, aunque la meta parecía cada vez más próxima. Se aseguró entonces que la convocatoria estaría resuelta a finales de abril, pero ha llegado mayo y la espera continúa, aunque el desenlace se prevé ya inminente.

Han sido varios los factores que han contribuido al gran retraso en la tramitación del Bono Alquiler Joven, y el principal ha sido precisamente la avalancha de peticiones presentadas: cerca de 3.000 jóvenes cántabros han solicitado la subvención al alquiler, cuando será aproximadamente la mitad de ellos quienes finalmente se beneficien de ella.

Al gran número de peticiones a estudiar se añade otra dificultad, lo enrevesado de la documentación a presentar. Si los solicitantes se lamentaban del papeleo necesario, para los funcionarios encargados de revisar una por una las peticiones la labor no ha sido más sencilla, y ahí surge un nuevo problema: la imposibilidad de disponer de más trabajadores para agilizar el proceso de evaluación, que requiere, entre otros aspectos, comprobar y buscar datos de las viviendas en el catastro, otros de empadronamiento, convivencia y renta, y revisar contratos y recibos.

A comienzos de marzo se publicó el listado de solicitantes que habían presentado la documentación requerida de forma incompleta, un número anormalmente alto: de las 2.798 peticiones recibidas, 1.934 presentaban algún tipo de deficiencia, más de dos tercios. Por un lado, esto demostraría la complejidad de lo exigido a los peticionarios, por otro, volvería a sobrecargar de trabajo a los encargados de revisarlo.

Los solicitantes de las ayudas a quienes se requirió que aportasen documentación complementaria dispusieron de diez días para hacerlo. Hay que tener en cuenta que el Bono Alquiler Joven se concederá a quienes cumplan los requisitos y por orden de presentación, y Vivienda considera como fecha de presentación aquella en que la documentación estuviera completa. Desde el 15 de marzo están comprobándose estas solicitudes rectificadas.

Queda por señalar una última causa del retraso, y ha sido que se haya optado por una resolución única de la convocatoria en vez de ir despachando las peticiones conforme iban recibiéndose. Otras comunidades que han optado por esta segunda fórmula han podido empezar a abonar la ayuda hace meses, y Cantabria es ahora una de las rezagadas.

Las ayudas del Bono Alquiler Joven forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Los beneficiarios recibirán 250 euros al mes durante dos años (un total de 6.000 euros). Son jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas del trabajo e ingresos inferiores a 24.318 euros, es decir, que no llegan a triplicar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).