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El Gobierno regional quiere que el lobo salga cuanto antes del catálogo que lo tipifica como especie protegida –el famoso Lespre– para que regrese a su estatus anterior. Una carrera para la que ha acelerado el paso después de que la Comisión Europea se abriese ... a la posibilidad de relajar su protección. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular –11 más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– se reunieron este viernes en La Rioja para mostrar músculo y lanzar a Bruselas un mensaje común: «La recuperación de las competencias para lograr un control ordenado de la coexistencia del lobo y el mundo rural».
Pablo Palencia encabezó la delegación cántabra que se reunió con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. «Creemos que es posible conseguir un equilibrio entre la ganadería y la fauna silvestre porque ya se hacía antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico decidiera, sin contar con las comunidades autónomas, incluir al lobo en el Lespre para dotarlo de una especial protección que no necesita», afirmó el consejero cántabro tras el encuentro. En el trasfondo están los ataques al ganado que se han convertido en un quebradero de cabeza para los ganaderos. «Los datos son escalofriantes. Desde que gobierna el Partido Socialista hay 3 millones de cabezas de ganado menos, 71 manadas de lobos más y 40 reses muertas al día por sus ataques solo en 2022», analizó Gamarra en clave política. Una situación que es «especialmente grave» en las comunidades del noroeste peninsular, aquellas que están por encima del río Duero, entre las que se encuentra Cantabria.
El documento que el Gobierno regional envió recientemente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, recogía que solo en los primeros ocho meses de este año (hasta septiembre) había contabilizado 1.319 ataques de lobos, que se habían traducido en la muerte de 1.627 animales. Más de la mitad de los ayuntamientos cántabros (59 de 102) han sufrido ataques este 2023 de las 20 manadas avistadas.
Unas cifras que los ganaderos elevan, puesto que son los casos que finalmente reconoce y paga la Administración. Tanto el Gobierno bipartito, con el PRC al mando de Ganadería, como el actual del PPapuestan por regresar al modelo anterior y que sean las comunidades autónomas las que tengan en su mano la gestión y control del lobo. Por eso, cuando Von der Leyen dio un giro de 180º a su postura, el Ejecutivo cántabro no tardó en reunir todos los números precisados para enviárselos en tiempo y forma. En el documento aparecía que la región sufrió el año pasado la muerte de 2.456 animales. Lo que Bruselas también quería conocer, además de los daños a la ganadería, era el espacio por el que se extiende la población de lobos. En Cantabria hay ejemplares «de manera permanente», recoge el texto enviado, en el 66% del territorio. Según la información de Ganadería, deambula de manera habitual por «3.497,65 kilómetros cuadrados» de los 5.321 de extensión total que tiene la comunidad autónoma. Además, tiene constatado que en otros 584 kilómetros cuadrados se le ve «muy frecuentemente».
Palencia fue contundente tras el encuentro. Aseguró que su departamento «impulsará todas las actuaciones necesarias para desarrollar el Plan de Gestión del Lobo y coordinar con el resto de las comunidades autónomas todas las acciones necesarias para modificar la legislación nacional y recuperar así el equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad ganadera».
La secretaria general del PP, en cambio, fue menos concreta cuando fue interpelada por las medidas concretas que deben llevarse a cabo partir de ahora. «Es un modelo de éxito ya implantado en comunidades autónomas como Asturias (gobernada por el PSOE)», propuso sin detallar ninguna concreta. «La principal medida es que las comunidades autónomas tengan competencias y, con ellas, llevar a cabo políticas de equilibrio, fundamentalmente preventivas», explicó a continuación. A ella no le extraña que «hasta la presidenta de la Comisión Europea» haya pedido reflexionar sobre el nivel de protección actual del lobo en la Unión Europea. En su opinión, «la concentración de manadas en algunas regiones se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos».
Aunque el trasfondo de la decisión de Von der Leyen podría ser otro. En septiembre del año pasado, un lobo se ensañó con Dolly, su poni más querido, que llevaba más de 30 años con ella en una finca que posee en Baja Sajonia (Alemania). Una muerte que consternó a toda su familia, reconoció la propia Comisión Europea. Justo un año después, a principios del pasado mes, Von der Leyen calificó de «peligro real» el número actual de manadas en toda la Unión Europea, por lo que pidió datos actualizados de población y ataques.
Parecía que buscaba un asidero al que aferrarse para relajar la protección del lobo. Una decisión tan aplaudida como criticada por los afectados, ya que se producía tras un episodio personal y no tras las miles y continuas quejas recibidas en Bruselas.
Lo que censuran los perjudicados por los ataques es que lo que ha hecho Europa con el lobo es 'café para todos'. En España, también. Las comunidades al norte del río Duero, entre las que se encuentra Cantabria, llevan dos años bramando contra el Ministerio para la Transición Ecológica por aumentar incluso la protección requerida por Europa al incluirlo en el Lespre. En el resto de autonomías, aseguran, la presencia de cánidos salvajes es testimonial.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no se inmutó tras el anuncio de la presidenta de la Comisión. España dispone de «mecanismos de flexibilidad» para aquellos casos en los que exista sobrepoblación o amenaza en zonas concretas. Es lo que el consejero cántabro llama «operaciones quirúrgicas», que asegura que no funcionan. Pide regresar al modelo de control anterior donde el lobo se cazaba para reducir sus ataques.
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