Gochicoa: «Me voy dando la cara, no tengo nada que esconder»

Mucho más tranquilo que en aquella rueda de prensa improvisada de hace dos semanas, convocada pocas horas después de que la Policía entrara en la Consejería y detuviera al responsable de conservación de Carreteras del Gobierno, Gochicoa ha hablado en la sede del Gobierno ante la imposibilidad de hacerlo en el Parlamento, donde estaba previsto en un principio, ya que PP y Ciudadanos retiraron el viernes la solicitud de comparecencia para explicar el registro policial.

Gochicoa ha sido especialmente insistente en señalar que las 4.000 páginas del sumario judicial se limitan, única y exclusivamente, al funcionario Miguel Ángel Diez, su familia y a cuatro empresarios. «No aparece ningún cargo político o de confianza de la Consejería ni otros funcionarios, ni tampoco la Policía detecta comportamientos irregulares de nadie más en las conversaciones telefónicas grabadas. A día de hoy no hay ningún otro funcionario ni directivo señalado», ha subrayado.

Así que el consejero se va pese a que Miguel Ángel Diez no fue nombrado a dedo, ni ocupaba un cargo político. Llegó a la jefatura de conservación de carreteras por oposición y concurso de méritos. «No he tenido ninguna responsabilidad política en su designación, ni tampoco nadie de mi equipo está relacionado con el caso», ha destacado el dirigente regionalista.

Gochicoa puso su cargo a disposición de Revilla aquella misma mañana, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha materializado su marcha. «Hubiera sido una irresponsabilidad marcharme antes de conocer si alguien más estaba involucrado, saber en qué habíamos fallado y encauzar el trabajo diario de la consejería», ha explicado.

En concreto, durante estos días, la consejería ha trabajado en retirar al funcionario investigado como responsable de los contratos que aparecen en el sumario judicial, cesarle como jefe de servicio, suspenderle de sus funciones e incoar un expediente sancionador. «Teníamos que actuar por si había un recurso o cualquier cosa que le permitiera salir de la cárcel y volver al trabajo», ha señalado.

También se ha actuado contra las empresas La Encina, Rucecan, API y Cannor. Como el sumario solo encausa a personas físicas y no a sociedades, el Gobierno de Cantabria ha pedido a la jueza medidas cautelares para que estas compañías no puedan participar en los once contratos investigados y que aún no han sido adjudicados, por valor de 34 millones. Y, además, que amplíe las responsabilidades también a las empresas. «El objetivo es evitar daños al erario público y que sigamos pudiendo conservar bien las carreteras», ha destacado.

Como ya anunció Revilla la semana pasada, e el Gobierno de Cantabria también pedirá permiso a la jueza para que el dinero pendiente de pago de los contratos en vigor con las empresas investigadas se deposite en una cuenta custodiada y no vaya directamente a su tesorería. Una medida en previsión de posibles responsabilidades económicas.

Al margen de la investigación policial, la incógnita que se abre es cómo afectará todo esto al PRC en las próximas elecciones. De momento, la campaña de desprestigio por parte de otras fuerzas políticas ha sido muy intensa, hasta el punto de que los regionalistas han anunciado que llevarán a los tribunales a los responsables de las «difamaciones» vertidas en redes sociales. «Espero que no le influya en las elecciones», se ha limitado a decir Gochicoa, quien sí ha aclarado que su dimisión no ha sido para reducir el daño al PRC.

Tampoco ha dado muchas pistas sobre quién ocupará a partir de ahora su cargo, después de que el presidente de Cantabria adelantara la semana pasada que se nombrará un nuevo consejero para los tres meses que quedan de legislatura, y no se optará por el modelo de que otro consejero asuma temporalmente esa cartera. «Eso corresponde al presidente. Hemos hablado de ello, pero no quiero influir», ha finalizado Gochicoa.