Gochicoa limita a 80 los afectados en Cantabria por la nueva interpretación de la Ley de Costas

Lo que reclamó Fernández durante una interpelación al regionalista durante el pleno de este lunes en el Parlamento fue que el bipartito siga los pasos de la Xunta de Galicia y recurra el nuevo reglamento del Estado. Un reglamento que endurece las condiciones para lograr nuevas prórrogas a las concesiones de suelo y que, a su modo de ver, también puede revertir algunas prórrogas ya otorgadas.

El PP entiende que los mayores afectados por el nuevo reglamento son los particulares y empresas que lograron permisos del Estado para desecar marismas y asentarse allí antes de 1947. El documento recién aprobado establece un tope máximo de 75 años para estos permisos de ocupación de dominio público. Un tope que incluye tanto el tiempo inicial de la concesión como la suma de las sucesivas prórrogas. Es decir, que los permisos que se dieron en 1915, 1920 o 1925 ya habrían caducado y no habría opción de renovarlos. Que los propietarios de empresas conserveras o de explotaciones ganaderas de lugares como Santoña o San Vicente de la Barquera tendrán que hacer las maletas en el momento en que Transición Ecológica se lo exija.

Íñigo Fernández lamentó que este reglamento sea la reacción de la ministra Ribera, que «cada decisión que toma es una agresión a Cantabria», a la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los afectados y obligaba a la Administración a renovar las concesiones –desde que llegó Ribera muchas de las solicitudes estaban en el cajón– sin tener en cuenta este tope temporal. El PP da por hecho que, como el Supremo falló en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, ahora Sánchez cambia las reglas de juego para saltarse ese fallo. Además, los populares creen que este reglamento también puede afectar a quienes hasta ahora pensaban que se habían librado de los efectos de la Ley de Costas, porque establece nuevos criterios más restrictivos para fijar los límites espaciales de los deslindes.

Gochicoa negó ese extremo: «No se va a cambiar lo hecho previamente a 2021». Habló de 2021 porque ese es el momento en el que se aprobó la Ley de Cambio Climático. El regionalista respondió que es esa la norma que establece el máximo de 75 años por concesión y no el reglamento al que hace referencia el PP, que únicamente desarrolla lo anterior. Por eso Gochicoa afirma que no tiene sentido seguir los pasos de Galicia y llevar a los tribunales el reglamento. Y, de cualquier manera, la postura del bipartito es que no sería lógico desahuciar a ningún afectado –aunque haya concluido el plazo legal – hasta que el Ministerio no tenga un plan para la recuperación ambiental de las marismas.

El Parlamento también rechazó la proposición del PP para instar al Gobierno de España a iniciar los trámites para traer un Parador a Santander, como el diputado Roberto Media recordó que prometieron los socialistas en la última campaña electoral sin que haya avances significativos. La propuesta la tumbaron PRC y PSOE, que aunque sí consideran interesante esta posibilidad, piden al Ayuntamiento de la capital que antes modifique el PGOU para cambiar el tipo de uso del inmueble, un paso indispensable.

Regionalistas y socialistas apuntaron que la pandemia ha hecho que todos los plazos se alarguen y que, además, ahora la empresa pública Paradores está centrada en la mejora de los establecimientos que ya tiene y no en la creación de otros nuevos.