Los grafiteros que pintan los trenes, «cada vez más organizados y violentos»

El coste económico que supone eliminar la pintura estampada en los trenes de la región alcanzó los 513.435 euros el año pasado, un 27% más que en 2017. Es una práctica tan habitual que Renfe ya tiene un protocolo de actuación para limpiarlos en cuanto se detectan las marcas. Lo primero es retirar el convoy de la circulación y enviarlo a una vía muerta de la estación de Santander.

El personal de limpieza, con prendas de protección frente al riesgo químico, sitúan mantas absorbentes por el suelo para recoger los vertidos que caigan. Después, distribuyen un gel especial por toda la superficie, esperan un rango de tiempo, que varía en función del tipo de pintura y la antigüedad del dibujo, y lo retiran con unos cepillos. La duración del procedimiento puede tardar desde una jornada –siete horas– a una semana, en función del tamaño del grafiti y de las condiciones meteorológicas, ya que no se puede realizar con lluvia. Al terminar, todas las prendas y utensilios utilizados deben depositarse en un contenedor de residuos peligrosos. Antes de volver a prestar servicios a los viajeros el vagón pasa por el túnel de lavado para eliminar cualquier resto que pueda quedar adherido a su superficie. La tarea, que tiene un procedimiento muy meticuloso, supone un alto coste que se dispara año a año con el aumento de grafitis. «Desde 2008, estas pintadas casi se han duplicado», aseguran fuentes de Renfe. A los costes para borrarlos se debe añadir el que se desembolsa en seguridad privada para tratar de detener al mayor número de vándalos antes de que lleguen a sacar sus sprays.

El aumento del 'turismo del grafiti' provoca un gran malestar entre los vigilantes de seguridad privada que trabajan en las estaciones. Cuentan que «va por temporadas» y que, sin duda, el verano es el peor momento del año. «Hacen turismo por toda Europa y van dejando su firma por donde pasan», cuenta un empleado de Cantabria que prefiere mantener su identidad en el anonimato.

«Al pertenecer a una entidad privada, nos sentimos más inseguros respecto a cómo actuar. Nuestra función es prevenir los ataques, pero cuando pillas a alguien tienes que responder y nadie te asegura que esa persona no sea agresiva», se lamenta. Explica que su trabajo depende de un cliente (en este caso, Renfe) que, en muchas ocasiones, desconoce las funciones de los vigilantes. «Una vez contratado, se olvidan. La responsabilidad ya es sólo tuya».

Si el vigilante detecta un delito debe actuar, pero es un servicio privado que no sigue unas directrices claras, como las de la Policía. «Por ley, podemos detener a los grafiteros. Pero muchas veces no tenemos medios ni compañeros con los que actuar si la persona te ataca». Él mismo sufrió una agresión en la que el detenido se revolvió y le abrió la cabeza de un golpe. «Cada vez que trabajo de noche doy un beso de despedida a mi hija porque no sé si será el último».

Considera que, «por muy preparado que estés físicamente», trabajar solo es una desventaja ante los grafiteros «que cada vez van en grupos más organizados para realizar las pintadas, incluso armados con puños americanos y navajas». La principal condición que exige es que, como mínimo, trabajen dos vigilantes juntos para coordinarse en las detenciones. «Entras en una intervención y no sabes cómo va a acabar». Cuenta que la semana pasada, un compañero llamó la atención a unos grafiteros en Unquera para que se fueran sin tener que enfrentarse físicamente. «Pero siguieron pintando, lo hacen todo por el reconocimiento en redes sociales, o quién sabe si de otro tipo».