Los grandes deberes de Madrid en la región siguen pendientes un año más

La situación derivada de las crisis del covid y la habitual lentitud de la tramitación administrativa han hecho de éste un curso en blanco en cuanto a la materialización de nuevas realidades, pero la buena noticia es que el trabajo de despachos no se ha paralizado y puede que en este 2021 que acaba de arrancar empiecen a verse los resultados. A tenor de los avances sobre el papel, parece que en los próximos 365 días habrá novedades en cuanto a la concreción de los deberes que los ministerios tienen pendientes en Cantabria. Mientras continuaba la labor de las máquinas en el ramal de continuidad de Torrelavega y el nuevo acceso al Puerto de Santander por la A-67 -las dos grandes obras activas del departamento que dirige José Luis Ábalos- y en la futura sede de la Fundación Enaire, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado permiten atisbar el inicio de las obras del AVE a Madrid para finales de 2021. Eso es a lo que el Gobierno central se ha comprometido con el presidente Revilla.

De la mano del diputado socialista Pedro Casares llegó el anuncio de la decisión definitiva de retirar los polémicos diques de La Magdalena por parte de Medio Ambiente para el ejercicio que acaba de empezar. El mismo ministerio que, como respondió en el Congreso a los populares Diego Movellán y Elena Castillo, tiene casi cerrada que la nueva Vuelta Ostrera se ubicará en la isla de Monti. Falta la confirmación oficial para empezar a desmontar la actual y construir la que la sustituirá. Los tres proyectos, como el inicio de las obras de la reforma integral de El Dueso, son de momento eso, promesas. Salvo sorpresa mayúscula llegarán 44 millones de euros por la deuda del hospital de Valdecilla. El doble de lo que sería normal, ya que además de la anualidad de 2021, el Ministerio de Hacienda tiene intención de pagar la que no llegó en 2020 por la ausencia de cuentas públicas.

Aunque no sea el ministerio que tiene que poner más dinero sobre la mesa, el que dirige la socialista Teresa Ribera vuelve a ser uno de los que tiene más asuntos pendientes de resolver en Cantabria. Transición Ecológica, tras deshojar la margarita, ha dicho que la paralización de la obra de los espigones para estabilizar las playas será definitiva y que en los próximos meses se procederá a la retirada del trabajo ya hecho. Con el calendario en la mano, parece difícil que se haga antes de verano.

Además de la ubicación de Vuelta Ostrera, que tiene en vilo a municipios como Polanco, Suances y Santillana del Mar, el departamento debe dar respuesta a la captación de agua del embalse del Ebro. En sede parlamentaria, Ribera afirmó que Cantabria tendría garantizado el suministro durante los meses de verano, pero no dijo cómo. No concretó si con el derecho de captación anual que pide el Gobierno autonómico y que cree que sería de justicia o con autorizaciones puntuales como las que se han hecho hasta ahora en momentos de sequía. Durante 2020 se concretó, por fin, la llegada de las ayudas por las inundaciones del invierno de hace dos años y se han seguido realizando algunas actuaciones para prevenir crecidas en ríos, pero los vecinos de Reinosa siguen exigiendo a la Confederación Hidrográfica la limpieza del caudal del Híjar, origen de las inundaciones que causaron pérdidas millonarias y que a punto estuvieron de acabar en tragedia en diciembre de 2019.

A falta de nuevas avances administrativos en Santander y Camargo, ADIF tiene intención de comenzar el soterramiento de las líneas del tren en Torrelavega ya este 2021. El otro gran hito será el inicio de las obras del AVE a Madrid con las máquinas en los tramos de Palencia, tal y como confirmó el Gobierno central al regionalista José María Mazón, que enmendó los Presupuestos para conseguirlo. A lo largo de este curso debería estar avanzado el documento técnico del tren de altas prestaciones a Bilbao, y también hay dinero para la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega, por lo que deberían verse avances significativos.

Fomento destinará 260 millones de euros en inversiones a Cantabria, una parte importante en carreteras. Para continuar la obra del ramal de continuidad que acabe con el nudo de Torrelavega, para finalizar -ya tenía que estar inaugurado- el nuevo acceso al Puerto de Santander por la A-67 y para poner en marcha el enlace a la autovía de la Meseta que conecte a Valderredible. Lo presupuestado en otras actuaciones como La Hermida, el tercer carril de la A-67 y de la A-8, o la variante de Lanestosa, son partidas simbólicas que servirán poco más que para mover papeles. Fuera de Cantabria, pero con impacto directo, está la autovía A-73, que reducirá el trayecto de Santander a Madrid y que tiene dinero para avanzar algo, sin un impulso decidido.

La obra de la sede de la colección de la Fundación Enaire en Gamazo tenía que haber finalizado en 2021, pero se ha alargado unos meses. Parece que ya queda poco para que sea una realidad tangible, no como la sede asociada del Reina Sofía en Santander, que acogerá también el Archivo Lafuente. Hay compromiso de Cultura de apoyar al Ayuntamiento, pero los tiempos van lentos. En el caso de la nueva sede del Mupac, el Ministerio tendría que concretar este año su aportación económica si finalmente el proyecto no entra en la convocatoria de fondos europeos, como parece probable. Y tras tres años sin convocarse, debería reunirse ya el Patronato de Altamira.

Si se cumple lo dicho por el ministro Grande-Marlaska, la obra de rehabilitación de El Dueso comenzará a principios de este año. Será una de las intervenciones de modernización de la cárcel más ambiciosas de su historia y se ve ya reflejada en los Presupuestos del Estado con 2,1 millones, una cuarta parte del total necesario. Consistirá en una intervención completa en el Módulo 1, la actual sala de estar, el Edificio de Tratamiento, el módulo de mujeres y sus tres naves, además de actuaciones parciales en las oficinas, el edificio de ingresos, las garitas de vigilancia y el polideportivo. Era una de las demandas de los trabajadores, que ahora ven con recelo cómo la política penitenciaria de acercamiento de etarras al País Vasco se traduce en la llegada de internos a Santoña. En el último año entró media decena y se espera que continúe esta tendencia.

Después de la entrada en funcionamiento durante 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander, Justicia no tiene asuntos de relevancia en Cantabria. El departamento sí es el que tiene que hacer frente al recurso judicial que la comunidad ha interpuesto contra el Estado por el impago de los 44 millones de euros pendientes de la última mensualidad del impuesto del IVA de 2017. Un impago que Revilla considera un ataque y que el Ejecutivo cántabro espera revertir en los tribunales.

El pasado año iba a ser el de la nueva financiación autonómica, pero la pandemia retrasó una vez más la revisión de un sistema que lleva media década caducado y pendiente de revisión. Cantabria mantiene el discurso: conservar el 'statu quo' que la posiciona como una de las que más dinero recibe por habitante y que se mantenga el criterio de reparto en función del coste efectivo de los servicios -es más caro en territorios pequeños o con una geografía como la cántabra- y no del volumen de población. Parece que el Estado quiere ahora beneficiar a los territorios que históricamente han estado recibiendo menos ingresos, algo que perjudicaría a Cantabria. En cambio, la consejera María Sánchez sí cree que sería positivo avanzar en el proceso de armonización fiscal que defiende La Moncloa. Así, las regiones tendrían unos impuestos equivalentes entre ellas y no se generaría la actual competencia desleal a uno y otro lado de las fronteras interiores de España. La llegada de los 44 millones de euros de la deuda de Valdecilla servirán para aliviar las cuentas regionales.

La reciente aprobación de la nueva Política Agraria Común (PAC) genera incertidumbre en Cantabria. En primer lugar, por la más que previsible reducción de las ayudas generales, que estarán más ligadas a criterios medioambientales. Por otro, porque alguna de las normas complementarias que está elaborando el departamento de Luis Planas son difíciles de aplicar en explotaciones como las cántabras, casi siempre de carácter familiar y de pequeño o mediano tamaño. Decretos como el que regula el uso de purines es considerado por asociaciones como Asaja como un «ataque directo» a los profesionales de la cornisa cantábrica, frente a otros territorios donde sí es fácilmente aplicable por su orografía y el tipo de empresas existentes. Hace dos semanas, se aprobó en Bruselas el reparto de cuotas pesqueras para este 2021 y los países lograron rebajar la reducción de capturas que proponía la Comisión, aunque el volumen permitido será inferior al de 2020. Ahora, hay que ver cómo el Ministerio hace el reparto de esas cuotas entre autonomías y qué parte del esfuerzo le toca a Cantabria.