Las grandes eléctricas pugnan por hacerse con el megacontrato energético del Gobierno cántabro

Lo que ha logrado el Gobierno de Cantabria en los últimos meses ha sido ganar tiempo antes de firmar el nuevo contrato porque lo que existe ahora vigente es una prórroga del actual acuerdo, firmado con EDP con precios de 2019, que caduca irremisiblemente el próximo 22 de marzo de 2023. Con ello se ha logrado ahorrar «alrededor de 18 millones de euros», según datos facilitados por la consejera de Presidencia, Paula Fernández, encargada de esta gestión. Todo gracias a que los costes son muy inferiores a los actuales, pues la inflación y la invasión de Ucrania han llevado a que los precios energéticos se disparen en los últimos meses.

80millones de euros euros es el presupuesto aproximado del acuerdo marco para la contratación de los servicios energéticos.

4años de vigencia tendrá el nuevo contrato.

«Tardar unos meses en renovar este contrato nos ha facilitado esquivar el alza de precios, por ahora», destacó la consejera hace unos meses. Aunque esa ventaja finalizará el próximo marzo, cuando el Ejecutivo está obligado a renovarlo. La caducidad del actual documento obliga a iniciar de inmediato el procedimiento de contratación, algo esencial para el funcionamiento de los servicios, a través de otro acuerdo marco. Presidencia centraliza la tramitación para toda la Administración General de la Comunidad Autónoma porque «se reduce así la gestión administrativa y los costes como consecuencia de la contratación a mayor escala».

Podrán adherirse al contrato las entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma, excepto el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que tiene la factura energética incluida en el contrato de colaboración público-privada;aunque no existe perjuicio de que se unan después otras entidades que integran la Administración Local, incluidos los organismos autonómicos y otros entes públicos que dependen de ella, así como la Universidad de Cantabria (UC)y el resto de instituciones públicas. En el contrato vigente está la UC, Mare, Cantur, la Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social, la Fundación Diagrama y 19 ayuntamientos.

El Ejecutivo ya estudia el perjuicio que esto causará en las arcas públicas, dado que el dinero que deberá ir dedicado a sufragar el incremento del coste energético no podrá ir a inversiones. PaulaFernández, consejera de Presidencia, asegura que las subidas«ya están contempladas en los presupuestos del año próximo» y en este sentido el Gobierno regional cuenta con tres meses de ventaja, algo que sirve para amortiguar el golpe que debe llegar en 2023.

En el caso de Valdecilla, la situación es distinta al resto de organismos, porque no puede adherirse al megacontrato del Gobierno. La razón está en la fórmula de colaboración público-privada que se firmó con Ferrovial Servicios y SIEC en enero de 2014, un contrato que incluía terminar las obras del hospital, paralizadas durante años, y la gestión de doce servicios no clínicos, entre los que figura el coste energético, por un periodo de veinte años. El suministro del gas o de la luz están entre las tareas de las que se encarga Smart Hospital Cantabria (ahora gestionado por Serveo y SIEC). Un modelo que también ha amortiguado el impacto del ascenso de precios de la energía sobre el centro hospitalario.

Y aunque no existen datos actualizados de costes, lo cierto es que Valdecilla pagó en 2012 hasta 3,1 millones de euros por la luz y otros 1,2 por el gas. Con los precios actuales, las facturas representarían hoy en día aproximadamente 7,7 millones por la luz y 2,1 por el gas.

Sobre el combustible el Gobierno de Cantabria aprobó a inicios de este mes de noviembre un acuerdo para centralizar «por primera vez también» la compra del suministro de gas natural y gasóleo C de calefacción para toda la Administración de la comunidad, así como para los organismos públicos y las entidades de derecho público o privado que estén vinculadas o sean dependientes de la misma.

Se prevé que el coste total ascienda a casi 23 millones de euros, incluyendo dos posibles prórrogas anuales, según indica el vicepresidente de Cantabria. Pablo Zuloaga opina que la fórmula supone un «instrumento idóneo de racionalización de la contratación del sector público» al licitarse un suministro común. Se logra así «un ahorro de costes de licitación, una mayor transparencia y agilidad de contratación» y, desde el punto de vista económico, «reduce costes».

En todo caso, el ahorro energético no depende sólo de los contratos, sino de la forma en la que se realiza el consumo. «Más allá del contrato, estamos ante un cambio de actitudes y de costumbres. Los ahorros que se han seguido tras el decreto del Estado (el de las medidas energéticas) no es cosa sólo de un mes, es algo con lo que llevamos trabajando ya un tiempo». Se trata de racionalizar el uso de la calefacción y de ahorrar en el encendido de las luces. En la Consejería de Presidencia, según datos facilitados por la propia consejera, se ha llegado a ahorrar hasta un 42% en consumos. Por eso el proyecto es diseñar un plan de eficiencia energética que sirva para establecer medidas de ahorro en todos los edificios públicos.